No disparen a la pianista
Con un barrido a los últimos informes del CIS observo que la violencia sexual contra las mujeres no forma parte de las principales preocupaciones de los españoles. Nadie lo diría, a tenor de la reacción furibunda por el anuncio de reducciones de penas tras la entrada en vigor de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, sin doble cremallera jurídica.
Cada tres horas se denuncia una violación en España –¡y solo un 8% lo hace!–. Es curioso que, tratándose de un asunto extremadamente delicado, nunca haya sido una prioridad de nuestros gobernantes. Pienso en los sentimientos que deben acompañar hoy a la superviviente de La Manada –su caso fue el detonante– sintiéndose triplemente culpabilizada ante la cascada de odio que arremete contra la ley que por fin introduce el principio del consentimiento de la mujer –protegiendo así a las que están inhibidas física o químicamente–.
“¡Chapuza!”, se ha repetido con saña subiendo el volumen de la violencia mediática que se practica contra Montero como si fuera una muñeca de goma. “Kirchnerismo puro”, la acusaron cuando integró el Gobierno
de coalición por su relación con Pablo Iglesias, obviando la legitimidad que le concedieron las bases. Su proceso de monstrificación resulta digno de análisis. Con todo, su ministerio no ha evitado abrir debates cargados por el diablo, explosivos pero inaplazables.
“Los cambios legales novedosos siempre generan debates jurídicos. Lo más recomendable es que actúen los mecanismos del Estado de derecho. Y eludir con pedagogía democrática la crispación”, decía en Twitter Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, tratando de apaciguar el enconamiento. Lo mismo ha declarado el Sánchez: que se pronuncie el Alto Tribunal.
Un puñado de violadores parecen ya beneficiados por los resquicios de una ley que, en cambio, fue acusada de demasiado punitiva, al aumentar las penas para delitos que no estaban tipificados o salían bien baratos. Esta ley fue revisada por el Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial. Si es un hard case que admite interpretaciones, se tendría que actuar con presteza, en lugar de alentar el derribo. Que la ley funcione, ampare a las víctimas y castigue con la contundencia que merecen los terroristas sexuales no es una cuestión de ideología, sino un asunto social de primera urgencia, aunque sea cierto que los violadores, imparables, reincidentes, solo preocupan de verdad, y así informa nuestro CIS, cuando te tocan de cerca.c