El incierto futuro de los mecenas
La sociedad civil, expectante ante el enésimo intento de nueva ley de Mecenazgo
Casi dos décadas lleva la sociedad civil en España esperando ver renovada una ley de Mecenazgo de deducciones poco significativas que, por ejemplo, ni siquiera reconoce el micromecenazgo a través de la tecnología. Sin embargo, cada iniciativa que ha habido en este sentido, fuera del partido que fuera, ha acabado topando con el Ministerio de Hacienda, que, por su propia naturaleza, no está dispuesto a dar el visto bueno a una norma que suponga una merma en su recaudación.
“En un gobierno nunca hay un solo partido, pues todos los ministros son de uno excepto el de Hacienda, que es de otro”, afirmaba Jordi Solé Tura en su etapa como ministro, durante la que impulsó la ley de 1994 con Carlos Solchaga en Hacienda.
No obstante, parece que la actual propuesta de reforma de esta ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, podría haber sorteado más obstáculos que ninguna otra en estos años. Impulsada por el diputado del PDECat en el Congreso Sergi Miquel, se admitió a trámite con el 90% de los votos de los parlamentarios, ha visto cerrarse las enmiendas después de casi un año y convocado la ponencia para que los partidos procedan, a partir del miércoles 30, a su redactado. En dos o tres semanas más debería estar lista para entrar en la comisión, que preside el PP –no el grupo en el Gobierno– y, tras otro periodo de enmiendas, podría aprobarse en el primer trimestre del 2023.
El mundo de la cultura asiste incrédulo –y escéptico– al avance de esta reforma. “¿Ley de mecenazgo? Avísenme cuando llegue”. Son muchos años de intentos en vano, con intereses partidistas de por medio y el frontón de la cartera de Hacienda esperando al final del túnel. Además se ha utilizado recurrentemente como arma entre los partidos y las distintas visiones territoriales. Hay quien desde el PP ve una deriva independentista en parte de ese apoyo a entidades catalanas que se garantiza a través de este instrumento.
La sociedad civil catalana tiene tras de sí una importante trayectoria de mecenazgo que actualmente no halla las mejores herramientas para desplegarse. Quien dona lo hace sin esperar retorno alguno. “Lo considero un acto de catalanismo donar lo necesario en Catalunya para dar a conocer a nuestros pintores”, apunta Antoni Vila Casas, consciente de que “a quienes tienen un actividad económica sí se les hacen arreglos, pero a los de la filantropía nada de nada”.
Sergi Ferrer Salat, uno de los principales mecenas europeos, no solo ha abierto dos fabulosas librerías –Finestres– en Barcelona, sino que entre otras cosas procura 600 becas al Conservatori Superior del Liceu, o compra instrumentos musicales tanto para este centro como para proyectos sociales en barrios con riesgo de exclusión social. O financia conciertos de estudiantes o master clases con grandes de la clásica o del jazz, que visitan el Festival de Jazz de Barcelona.
Si hace más de un siglo, el conde Güell actuaba como mecenas de Antoni Gaudí, justo ayer, su tataranieto, Eusebio Güell i Malet, presentaba en las dependencias del Palau Güell a dos de los jóvenes becados por la Fundación Privada Güell: la joven cantante Aitana Sanz y el historiador del arte Bernat Puigdollers (en la foto).
“Esperemos que esta nueva ley que lleva tanto cocinándose nos permita ser un poco más creativos para poder ofrecer y cautivar con lo que la fundación está haciendo por la sociedad, de manera que la gente sea más partícipe”, comenta el actual vizconde de Güell.
Esta vez se ha ido más lejos. Y a pesar de que el PSOE no está entusiasmado con la idea –de tener más legislatura por delante sería su propia ley la que les gustaría ver prosperar–, tal vez no quiera verse solo votando en contra.
El Ministerio de Cultura no entra a valorar los avances de la reforma, no es quien impulsa la ley. “Al tratarse de un marco normativo fiscal que no solo afecta al ámbito cultural, su regulación corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública”, advierten desde el ministerio. Para recordar acto seguido que en las disposiciones adicionales, la ley de Presupuestos Generales recoge cada año acontecimientos de excepcional interés público que “han permitido que Telefónica destine tres millones de euros a patrocinar la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, además de grandes teatros como El Real, o museos como el Prado o el Reina Sofía”.
Efectivamente, los principales coliseos líricos del país, Real y Liceu, han hecho uso de estas disposiciones con motivo de sus diversos aniversarios, y acaso por eso han sobrevivido –ver gráfico– con deportividad a los recortes de las administraciones públicas.
Fue de hecho en el 2014 que la
La actual propuesta de reforma se admitió a trámite con el 90% de los votos y el miércoles 30 se inicia el redactado
“Esperemos que esta nueva ley nos permita ser más creativos y hacer más partícipe a la sociedad”, dice Güell
La relación entre donante y receptor ha experimentado cambios que la actual ley obvia
“El terror de Hacienda no debería ser tal: el coste fiscal del sector es de 700 millones pero la inversión es de 1.500”
Generalitat de Catalunya advirtió a las instituciones culturales de que el recorte presupuestario era serio y había venido a quedarse. De ahí surgieron iniciativas como la Fundació Catalunya Cultura, que busca construir puentes entre empresa y cultura, y evitar la fuga o merma de talentos asesorando al sector para que, “en tanto que microempresas, supieran trabajar la sostenibilidad y no ser efímeros”, comenta su directora, Maite Esteve.
La fundación ha reunido una plataforma por el mecenazgo de 182 entidades del mundo social, cultural y de la investigación en Catalunya. Y en Madrid se han encontrado con una asociación homóloga española, que lleva un gran peso económico y social. “Hicieron una llamada al resto de entidades españolas y hemos actuado como grupo en un acto en el Congreso para desbloquear la reforma de la ley”, dice. “No es la ley ideal pero es un paso adelante”.
La actual ley es obsoleta a ojos de la mayoría, sostiene Sergi Miquel. No contempla las participaciones tecnológicas, léase micromecenazgo y crowdfunding ,omenos aún los stockings, etcétera. La propia definición de donación está en cuestión, o la forma en que trata los convenios de colaboración. La relación entre donante y receptor ha experimentado cambios que la actual ley obvia.
Cuando se aprobó en el 2002 fue una ley pionera, pues Francia la aprobaría al año siguiente mirándose conceptualmente en ella. La ley de Jean-Jacques Aillagon sería referencial en toda Europa con tendría porcentajes de deducción mucho más elevados. Eso sí, Aillagon no aceptó el cargo en el gobierno francés hasta que supo quién detentaría la recaudación...
Esta ley que es una reforma mejorada de la de 1994 que redacta Solé Tura no está exenta de polémica desde su alumbramiento. Desde aquel mismo año, todos los partidos políticos que pasan por el gobierno valoran necesaria una mejora. Y José María Lassalle presenta una propuesta de ley que es la bandera del nuevo PP. Aunque irónicamente, no solo no se lleva adelante, sino que se aplica el 21% de IVA cultural.
“El terror de Hacienda no debería ser tal, porque hablamos de un sector con un coste fiscal de 700 millones de euros, sí, pero te está haciendo una inversión de 1.500 millones de euros con 44 millones de usuarios”, concluye Esteve.
El momento socioeconómico de crisis demanda herramientas que permitan a las entidades culturales tener un segundo pulmón económico. La gente tiende a reducir las inversiones, y aún así, cuando desde la ley se ha sido algo más generoso en la ponderación, se ha visto que el porcentaje de la donación se eleva un tercio.c