La Vanguardia (1ª edición)

Enojo de la abogacía con el Govern por el mapa de juzgados de violencia machista

La Conselleri­a de Justicia estudia centraliza­r los casos en juzgados especializ­ados

- Toni Muñoz B lon

La Conselleri­a de Justícia estudia un cambio en el funcionami­ento de los juzgados de violencia contra la mujer que ha irritado a los colegios de abogados de Catalunya.

El departamen­to plantea que diez juzgados de primera instancia del ·rea de Barcelona y de Tarragona dejen de asumir los casos de violencia machista para que estos sean centraliza­dos por los juzgados especializ­ados en violencia contra la mujer que se encuentran en las capitales de comarca o en las capitales de partido judicial. Aseguran que esto mejoraría la eficiencia y la atención de las víctimas, puesto que son órganos que atienden estos casos de forma exclusiva. Sin embargo, el Consell de l’Advocacia

Catalana, que engloba a todos los colegios de abogados catalanes, denuncia que esta medida implicaría que las víctimas tarden m·s en llegar a un juzgado a ratificar una denuncia, lo que podría provocar que se acaben echando atr·s.

“Esta propuesta no la hacemos desde el punto de vista economicis­ta, sino con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas. Es oportuno abrir este debate. Las leyes de eficiencia organizati­va van hacía aquí, y no podemos quedarnos atr·s. El an·lisis lo tenemos que hacer y ponerlo sobre la mesa”, señalan fuentes de la conselleri­a. También recuerdan que esta medida ya ha sido aplicada en otras comunidade­s como Andalucía, Canarias, Navarra y Valencia, y que todo el sistema se encamina hacia la centraliza­ción y la especializ­ación.

La propuesta que estudia Justícia, y que no podr· presentars­e ante el ministerio porque la legislatur­a est· agotada, consiste en que todas las causas de violencia machista, por ejemplo, de Gavà, Sant Boi de Llobregat, Cornellà i El Prat sean asumidas únicamente por el juzgado de Gavà. O que el juzgado de Granollers – que aglutina 35 municipios– absorba toda la actividad de violencia machista también del juzgado de Mollet del Vallès, que es el competente en siete municipios.

El juzgado de Tarragona, por su parte, asumiría los casos del juzgado de Valls. Y así hasta en diez juzgados.

La conselleri­a defiende la medida porque así los casos de violencia machista “serían tratados por juzgados exclusivos, personas formadas y centros adecuados que garanticen que víctima y agresor no se crucen en el pasillo”. Esta situación no se da en los juzgados mixtos, donde se mezclan casos de todo tipo, desde instrucció­n, litigios civiles y de violencia doméstica. “Son juzgados con cero especializ­ación y con una carga de trabajo brutal”, señalan fuentes del departamen­to. Remarcan que la medida permitiría descargar a estos juzgados m·s saturados en favor de los de violencia machista cuyas cargas de trabajo “est·n por debajo de

La conselleri­a defiende que la propuesta mejora la atención de las mujeres víctimas

los límites que marca el Consejo General del Poder Judicial”, sostienen.

La propuesta de estudio nació en diciembre en el marco de la reunión del Observator­i Català de la Justícia, que llevaba sin reunirse desde el 2014. Los participan­tes acordaron abrir un debate para analizar la centraliza­ción de los juzgados de violencia de género y también una eventual reforma del mapa judicial de Catalunya. A partir de ahí, se creó una comisión para analizar la centraliza­ción o, como la denominan, “la comarcaliz­ación de los juzgados”. El próximo 30 de abril finaliza el plazo para que cada una de las partes se pronuncie sobre la propuesta de Justícia y presente su an·lisis.

La abogacía ha emitido un demoledor informe para oponerse a la medida en el que lamentan como principal argumento las dide ficultades de movilidad. Denuncian que la distancia que deber·n recorrer las víctimas de violencia machista para denunciar a sus parejas o exparejas es tan grande que muchas desistir·n.

“Esta propuesta va en contra del espíritu de vocación de servicio que debe tener la justicia. En lugar de acercar la justicia a la ciudadanía, la quieren alejar, con el agravante de que en este caso las perjudicad­as son personas que muy a menudo sufren una situación de extrema fragilidad”, lamenta la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez. “Es un despropósi­to”, denuncia Esther López, presidenta de la comisión de Violencia Machista del Consell.

Asegura que se debe facilitar el acceso a la justicia y no poner trabas. “Es gente vulnerable, que a veces debe desplazars­e con los hijos y con testigos”, remarca.

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