Las comunidades ven inviable convertir las piscinas en refugio
Los propietarios esgrimen problemas de gestión, legales, fiscales y de convivencia
Crece la oposición al decreto ley de la Generalitat que deja en manos de los ayuntamientos decidir qué piscinas públicas y privadas podr·n abrir este verano. A las quejas de los ayuntamientos y entidades municipalistas se suman también los administradores de fincas y vecinos que viven en comunidades con piscina y que también ven “del todo inviable” la aplicación de una norma “ambigua” que genera, por ahora, muchas m·s dudas que certezas.
“No me parece bien. ¿Cómo controlas quien entra? , ¿qué aforo tendr· la piscina si se abre al público?, ¿quién har· cumplir las normas de la comunidad?, ¿se colar· alguien en mi piso? ”, se pregunta Laura Cañigueral, una vecina de Barcelona con segunda residencia en Platja d’Aro. Sus dudas son el reflejo de una amplia mayoría de vecinos que no ve con buenos ojos que la piscina comunitaria acabe teniendo un uso público. Para que esto sea posible es necesario que alcancen un acuerdo con el Ayuntamiento respectivo. Algo que, a tenor de las opiniones del sector, va a ser altamente improbable.
La vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, Cristina Pardo, esgrime una retahíla de razones (pr·cticas, de gestión, legales, de responsabilidad, fiscales y de convivencia) para que las comunidades de propietarios con piscina se opongan a que su alberca pueda acabar siendo pública. “Esto implicar· la obligatoriedad de contar con socorristas, fijar unos horarios y un aforo y hacer cumplir unas normas que, en caso de que no se cumplan, acarrear·n problemas de convivencia importantes”, explica. También se refiere a los posibles cobros de la entrada. “Cualquier ingreso que reciba una comunidad es una actividad económica con repercusiones fiscales para cada propietario”. Agrega que cada comunidad tiene un seguro de responsabilidad civil en función del número de propietarios y que las pólizas se podrían incrementar.
El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Miquel Costa, también ve “muchas dificultades” en su aplicación, especialmente en cuanto a la responsabilidad civil se refiere. “La
piscina es un elemento de riesgo que la comunidad tiene asegurado para sus usuarios, con normas propias para un círculo restringido”. También él anticipa problemas de convivencia. “Ya de por sí los espacios comunitarios y ajardinados dan pie a muchos conflictos; hay problemas para compaginar el descanso vecinal y el ocio y si se abre a terceros habr· muchos mas”, afirma. Marta Oliva, por su experiencia profesional en la Cambra de la Propietat Urbana de Figueres, razona que son piscinas con un aforo reducido y que, en general, “sus dueños son reacios a recibir a personas externas al no contar en su mayoría con servicio
de vigilancia”, afirma. Dice que ve la norma m·s f·cil de cumplir en campings u hoteles que sí gozan de servicios de socorrismo.
El secretario del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona y Lleida, Alberto Izquierdo, añade que el decreto ley puede
causar un “agravio comparativo entre municipios vecinos”, ya que deja en manos de los Ayuntamientos la responsabilidad de decidir qué es y qué no es refugio clim·tico. Considera el documento como un “brindis al sol” al entender que es reglamento “inviable de hacer
cumplir” en la forma en la que est· redactado. Un documento, dice, del que se desprenden muchas preguntas. “¿Cómo se controlar· el aforo? ¿Cu·ntos podr·n entrar? ¿Cómo participar·n del gasto los propietarios?... Cada año las comunidades fijan un presupuesto del gasto en zonas comunes, si viene m·s gente, habr· m·s gasto de conservación del espacio”, explica.
La patata caliente est· en el tejado de los ayuntamientos, que ayer empezaron a recibir llamadas de algunas comunidades interesadas en saber qué implica tener una piscina que sea refugio clim·tico. “Pero en realidad nosotros no tenemos respuesta”, explica el alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, que lamenta que los ayuntamientos deban aplicar una norma que genera “poca claridad y seguridad jurídica”.También las asesorías empiezan a palpar la inquietud de propietarios. “Es rocambolesco y enrevesado”, afirma Anna Palomares, de la asesoría Palomares de Girona.c
Pasar de privada a un uso público implica tener que contar con un socorrista, entre otros requerimientos