La nueva Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general
El Defensor del Pueblo sustituirá a Ortega, que denunció fraude en las elecciones
Al día siguiente de jurar su cargo en una sala aneja al hemiciclo (ocupado por los otros diputados y dominado por la oposición), los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente adoptaron, como primera medida, la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. La sustituirá Tarek Saab, hasta ahora Defensor del Pueblo. La oposición calificó la jugada de descarada afrenta a la democracia.
Desde que la oposición empezó una serie de protestas en abril pasado, Ortega, que había sido afín al chavismo, se había convertido en la voz más vehemente contra la política del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusaba de cometer abusos contra los derechos humanos.
Ortega denunció que la Asamblea Constituyente había sido elegida de forma fraudulenta el domingo pasado y abrió una investigación, por lo que los nuevos diputados decidieron quitársela de en medio en la primera sesión que mantenían.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó encausar a Ortega por “comisión de faltas graves durante el ejercicio de sus funciones”, anunció en Twitter el Partido Socialista de Venezuela. También se le ha prohibido abandonar el país.
La Constituyente, a la que Maduro ha dotado de poderes especiales sobre otras instituciones del Estado (como la posibilidad de disolver el Parlamento), aprobó por unanimidad ayer destituir a Ortega, antes que “suspenderla”, como había decidido el plenario del Supremo.
La jornada había comenzado con la sede de la fiscalía general rodeada por un contingente de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, que fueron quienes se encargaron de impedir el acceso de Ortega a la sede del Ministerio Público. Fue obligada a retirarse de la sede sin que le facilitaran una explicación. Salió en una motocicleta en medio del caos.
Tarek Saab, un aliado incondicional del Gobierno, ha ascendido en su carrera como pago a sus servicios, al hacer la vista gorda desde su cargo de defensor del pueblo ante los abusos cometidos por el Ejecutivo, denuncian desde la oposición.
El nuevo cuerpo legislativo carece de control sobre la fiscalía, según sus críticos, por lo que sostienen que la decisión de apartar a Ortega no es más que una muestra del viraje de Maduro hacia una completa dictadura.
El presidente venezolano había acusado el viernes al Ministerio Público de ser cómplice de la “insurgencia armada” que, según su discurso, ha vivido el país desde que empezó la ola de protestas contra su Gobierno, el 1 de abril.
La segunda decisión adoptada por la cámara oficialista venezolana fue ampliar a dos años su periodo de vigencia, que inicialmente estaba previsto en un año.
Mientras, en São Paulo, los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidían suspender políticamente a Venezuela en Mercosur “por la ruptura del orden democrático”.
La suspensión se ha aplicado debido a la actuación del Gobierno de Maduro e implica “un llamamiento a un inicio inmediato de un proceso de transición política y de restauración del orden democrático”, añadía el comunicado de los países fundadores de Mercosur.
Venezuela se retiró del mercado común sudamericano en diciembre pasado por razones comerciales. Pero la invocación de la cláusula democrática tiene como objetivo obtener una mayor repercusión política, aunque no implique su expulsión. Esta cláusula sólo se había utilizado una vez, en el 2012, para sancionar a Paraguay por la destitución del presidente, Fernando Lugo.
Mercosur suspende a Venezuela “por la ruptura del orden democrático”, que le conmina a restaurar