El PSC intensifica las reuniones con sus cargos para rechazar el 1-O
La cúpula socialista asegura que ningún electo del partido “se saltará la ley”
La intención de algunos alcaldes y cargos socialistas de facilitar el referéndum en sus localidades encendió la señal de alarma entre la cúpula del PSC. La reacción por parte del PSOE fue contundente y el secretario general, Pedro Sánchez, no dudó a admitir que habría sanciones.
El PSC de Miquel Iceta también hace tiempo que dedica parte de su empeño a coordinar el rechazo de sus cargos al 1-O. Así lo reveló ayer el secretario de organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que garantizó que no colaborarán en “nada que sea ilegal o unilateral”.
En una entrevista a Efe, Illa admitió que a lo largo de la segunda quincena del pasado julio los dirigentes del partido ya se han reunido con diez federaciones territoriales y que a principios de septiembre prevén hacerlo con seis más.
La cúpula ha estado presente. Desde el primer secretario, Miquel Iceta, hasta la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, el secretario de acción política, Antoni Balmón o el mismo Illa.
Según afirmó el secretario de organización, con los encuentros se pretende apoyarlos y dejar claro que no tienen que participar “en ningún acto ilegal”. En este sentido, Illa está convencido de que “el conjunto de los cargos electos del PSC, y en particular los alcaldes, no se saltarán la ley”. Tan grande es su convencimiento que asegura, por tanto, que no habrá sanciones, tal y como apuntó el PSOE.
A pesar de todo, los socialistas recuerdan que en la declaración de Barcelona pactada entre el PSC y el PSOE en julio se acusa al PP de estar en “el origen del problema” y que se apuesta por una reforma federal de la Constitución.
No obstante, en algunas grandes ciudades catalanas el PSC apoya el gobierno del Consistorio. Una de ellas es Barcelona. Illa está convencido que Ada Colau no colaborará con la consulta. También Jaume Colboni, segundo teniente de alcalde, que aseguró a la Ser que no prevé “ningún tipo de decisión que no tenga el amparo legal”.
Según su opinión, habrá movilizaciones, incluso el 1 de octubre, pero “hay un problema que es político y no judicial, y que se tiene que resolver” a partir del día 2 de octubre. “Que nadie piense que como no habrá referéndum este problema está arreglado”, sino que incluso puede agravarse, avisó Collboni.