El 11% de las agredidas por violencia machista renuncia a acusar a su pareja
La presión del agresor impide en muchas ocasiones que las víctimas denuncien
Once de cada cien mujeres en España, según las estadísticas oficiales, no denuncian a su agresor en caso de violencia machista. Eso es precisamente lo que pasó en dos de los últimos casos más graves detectados: el del asesinato de una mujer en Getafe (Madrid) y la agresión grave con una catana a otra mujer en la localidad de Torrevieja (Alicante).
El hecho de que la ley establezca la posibilidad de que la víctima no tenga la obligación de declarar como testigo en los procesos y juicios contra el agresor provoca en demasiados casos la absolución de los acusados cuando se inicia una investigación tras un parte de lesiones. Pero, además, muchas otras agresiones quedan ocultas por falta de denuncia.
El Observatorio del Poder Judicial ha presentado recientemente datos según los que 38.018 de las mujeres víctimas de violencia machista presentados en el primer trimestre de 2017, 4.173 mujeres (lo que supone el 11% citado) se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar contra el agresor.
De ellas, 2.602 eran españolas y 1.571 extranjeras, aunque si se comparan las cifras con el total de víctimas, son más las extranjeras las que se acogen a este derecho. A ello hay que sumarle, además, la ausencia de denuncias en muchos de los casos con lo que quedan ocultos un gran número de malos tratos.
De las 33 mujeres asesinadas durante lo que va de año, a las que se suman otras tres en fase de investigación, sólo seis se había atrevido a presentar la denuncia contra su presunto agresor. Y en otro caso, la había presentado alguien de su entorno. Además, dos de las mujeres asesinadas en el 2017 renunciaron a continuar el proceso contra su maltratador.
“Lo que se está haciendo ahora es recaer única y exclusivamente la condena de un maltratador en la declaración de la víctima y lo que hay que hacer es una buena instrucción; la policía debe hacer su trabajo inspeccionando la vivienda y recabando pruebas y el fiscal, pedir informes médicos o psicosociales, en caso de haberlos, para recaba todas las pruebas posibles de malos tratos”, explica la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández.
Esta jurista destaca, además, que la pena no debe depender exclusivamente de la declaración de la víctima. Debe ser una prueba más, pero nunca la única. “En demasiadas ocasiones las víctimas
Muchas de las agresiones se ven en juicios rápidos, con poco tiempo y sin pruebas suficientes
del maltrato se sienten coaccionadas porque les dicen ‘sepa usted que si declara contra su marido, él puede ir a prisión’, lo que las hace responsables de la pena que pueda recaer contra esa persona por su declaración; por lo tanto, no están obteniendo la tutela judicial”, lamenta Amalia Fernández.
Esta jurista se lamenta de la falta de servicio psicológico en los juzgados. “Lo primero que necesita una víctima es recuperarse psicológicamente y decidir si quiere ir a juicio o no, y en los juzgados no existe una red de psicólogos”. Fernández añade que “”no hay que quitarle ninguna dispensa, sino informarle correctamente y que entienda que si su marido va a la cárcel es porque ha cometido un delito, no porque ella ha declarado en su contra”.
La responsable de Themis dice que, al margen de lo que la mujer decida, debe actuar siempre el fiscal para impulsar la investigación y comprobar si la víctima ha recabado la ayuda de los servicios sociales o si ha acudido a su médico con dolencias de una maltratada. “Lo mismo que se hace en cualquier otra investigación que no sea de violencia de género”, explica para alertar de que “muchas de las agresiones se ven en juicios rápidos, con poco tiempo, sin datos ni pruebas suficientes para completar una investigación en profundidad”.