Auditorías públicas

Daniel Faura Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Hace ya casi 30 años que se implantó en España la auditoría obligatoria en el sector empresarial, presionada por las directrices de la UE sobre transparencia informativa. Una medida que permite que se realicen más de 58.000 auditorías anuales y que redundó en una mayor transparencia y fiabilidad de nuestro sistema productivo. Sin embargo, esta exigencia dejó al margen al sector público, que en el año 2016 supuso más del 42% del PIB español. Es cierto que los más de 8.100 municipios españoles están sometidos a un control interno por parte de sus órganos de intervención, responsables asimismo de su contabilidad, pero estos –a pesar de ser independientes funcionalmente– dependen orgánicamente de las propias entidades locales. Aquí radica la importancia de una fiscalización externa independiente que realice auditorías integrales para superar las limitaciones que tienen las intervenciones, tanto en lo que se refiere a los recursos humanos como los económicos.

Por todo esto es importante la reciente aprobación del real decreto 424/2017 que regula el régimen jurídico del control interno del sector público local y refuerza el papel de la función interventora de este, estableciendo un modelo consistente con el del sector público estatal. El control alcanza a la integridad del sector público local: la propia entidad local, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles dependientes, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios y se propone asegurar la gestión adecuada de los fondos públicos, su empleo eficiente, y la sostenibilidad financiera de los municipios. Bienvenidas sean todas las iniciativas que contribuyan a la mejora de la transparencia y al fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Su inexistencia y manifiestas debilidades han sido algunas de las causas de malas prácticas y conductas siempre reprobables, cuando no delictivas, que han generado en la ciudadanía una desconfianza e indignación crecientes. Motivos no le faltan. El Eurobarómetro estima el coste de la corrupción en Europa en 120.000 millones de euros y el sobrecoste de contratación pública en España en el 4,5% del PIB. La nueva regulación exige que los interventores elaboren anualmente un plan de control financiero que incluya las actuaciones de control y auditoria pública que les son propias y prevé que se puedan contratar firmas privadas de auditoría, que actuarán siempre bajo la tutela del interventor público. No era la propuesta que los auditores veníamos reclamando hace años. Seguimos lejos del ideal de independencia que debe caracterizar la auditoría, pero la aplicación de esta medida legislativa, además de aportar fiabilidad y seguridad a la información que formulan las entidades permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos de gestión, el coste de los servicios y la eficiencia, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera futura de las entidades, y contribuirá a una mejora de la gobernanza pública.

Bienvenida sea la nueva norma para una mejor transparencia