El Parlament tramita la polémica reforma de la ley de la Presidència
Los independentistas promueven el cambio para facilitar el gobierno online
La reforma de la ley de Presidència y del Govern ha comenzado su trámite en el Parlament. La mayoría independentista en la Mesa acordó iniciar el procedimiento que hace un mes congeló el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ante las dudas legales que suscitaba. Un informe de los letrados de la Cámara y las advertencias del Constitucional sobre la investidura remota así se lo aconsejaron.
La iniciativa impulsada por Junts per Catalunya tenía como objetivo investir a Carles Puigdemont sin que este se personase en el pleno y nombrarlo presidente pese a permanecer en Bélgica. Tras la renuncia de Puigdemont a ser presidente y el posible descarte de Jordi Sànchez esta capacidad legal pierde interés para los independentistas, pero no así otra de las modificaciones previstas en la reforma, la de que en la toma de decisiones del Govern puedan utilizarse recursos telemáticos, un medio útil dada la singular composición del esquema de gobierno compartido entre Catalunya y Bruselas que propone Puigdemont.
Junts per Catalunya quiere aprobar esta reforma por el procedimiento de lectura única, una vía rápida que podría comprometer los derechos de los diputados al acortar al máximo el tiempo para debatirla y realizar enmiendas, según afirmaron los letrados del Parlament en un informe previo.
Ciudadanos y el PSC votaron en contra de su tramitación (Catalunya en Comú Podem y el PP no tienen representación en la Mesa, pero tampoco la secundan). Los socialistas han anunciado que pedirán la reconsideración de su admisión, para lo que cuentan con 48 horas. Este movimiento de los socialistas catalanes tiene escasas posibilidades de prosperar, ya que la mayoría independentista la rechazará previsiblemente. Tras descartar la reconsideración, los grupos tienen la posibilidad de llevarla al Consell de Garanties Estatutàries.
En todo caso, la fecha de su debate y votación en pleno está en el aire. El presidente del Parlament anunció ayer a la Mesa y la junta de portavoces la convocatoria de un pleno, pero no fijó la fecha, a la espera de las negociaciones entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para pactar la investidura de un presidente. Con el objetivo puesto en la próxima semana, no tendría sentido convocar otro pleno antes de la investidura, consideran desde el entorno de Torrent.
No obstante, la convocatoria de un pleno sin fecha indignó a Ciudadanos, que había solicitado la celebración de un debate para presentar una propuesta de resolución sobre la parálisis que vive el Parlament y en la que pedían que compareciera el propio presidente de la Cámara. “Torrent se esconde y se niega a dar explicaciones”, lamentó el portavoz adjunto de Ciudadanos, Fernando de Páramo.
El objetivo del grupo de Inés Arrimadas es iniciar el proceso de investidura y se activaría el periodo de dos meses para elegir presidente o ir a elecciones. Su propuesta de resolución fue admitida
El PSC pedirá la reconsideración de su admisión a trámite y prevé un dictamen del Consell de Garanties
a trámite ayer. Torrent, sin embargo, ya ha avisado de que no comparecerá ante el pleno porque el reglamento del Parlament no lo contempla. Así se lo transmitió ayer a Arrimadas en una carta, que a su vez respondía a otra misiva de la jefa de la oposición.
En el escrito, Torrent explica que tanto Puigdemont como Jordi Sànchez tienen derecho a ser candidatos a la investidura, y que si su candidatura no se ha podido debatir ni votar ha sido por culpa de las “injerencias” del Estado.