Impostura

Si existiera una nueva ciencia denominada termopolítica y nos tomáramos la molestia de contrastar los datos en asuntos tan relevantes como el coste de las matrículas universitarias, la tasa de letalidad por el coronavirus o el porcentaje de trabajadores en sectores básicos como la sanidad o la educación, comprobaríamos que las dos comunidades en las que más ruido y crispación hay, Catalunya y Madrid, son las que presentan los peores dígitos.

Podríamos formular entonces esta ley: el grado de demagogia e impostura política es inversamente proporcional a la eficacia de la gestión

Juan Fernández Sánchez Madrid con discapacidad intelectual sufren congelación salarial. En el 2011, la Generalitat y la patronal firmaron un acuerdo de carácter transitorio de flexibilización de ratios de hasta el 8% más de personas usuarias atendidas por profesional, provocando una sobrecarga de trabajo y un empeoramiento en la atención a las personas. Este acuerdo dejaba fuera la parte social y daba luz verde a todas estas empresas.

Después de una década, la pandemia ha hecho visible la precariedad del sector, y la Administración ha propiciado los recursos económicos a las entidades. El decreto ley expone que el incremento de tarifas tiene que propiciar, necesariamente, una mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras, pero estas empresas no quieren aumentar los salarios en proporción a lo que les han dado, y quieren mantener la flexibilización en la atención de las personas usuarias. La Generalitat tiene que hacer