Potenciar o perjudicar
Las empresas españolas y, en particular, las familiares, tienen unas fortalezas y debilidades específicas conocidas, pero hay otros factores externos que pueden tener una incidencia notable en la competitividad y que son susceptibles de generar oportunidades o amenazas para las mismas. En este sentido, el ordenamiento jurídico constituye un elemento fundamental que puede potenciar o perjudicar su adecuado desarrollo. Veamos algunos ejemplos.
VENTAJAS LEGALES
Para favorecer el crecimiento es necesario un régimen legal y fiscal favorable que facilite las fusiones y adquisiciones de sociedades. La fiscalidad tiene una influencia muy significativa en la internacionalización empresarial. Debemos destacar las ventajas fiscales aplicables a una entidad holding tenedora de valores extranjeros (ETVE) en España. Las compañías que cumplen los requisitos se benefician de un régimen muy favorable en el Impuesto sobre Sociedades (exención de los dividendos procedentes de filiales extranjeras, no tributación en España de las ganancias patrimoniales resultantes de la transmisión de participaciones en sociedades extranjeras y la liquidación de las mismas). Las ventajas de este régimen fiscal se ven potenciadas por los numerosos convenios de doble imposición firmados por España, en particular, con Estados iberoamericanos. También cabe elogiar el efecto de las SOCIMI (Sociedades anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) en la recuperación del sector inmobiliario.
INCONVENIENTES
LOS CAMBIOS NORMATIVOS CON EFECTOS RETROACTIVOS CAUSAN INSEGURIDAD JURÍDICA
Por el contrario, en ocasiones la legislación española supone un inconveniente para las empresas, singularmente los perjuicios derivados de la falta de seguridad jurídica, motivada por cambios normativos con efectos retroactivos. Sirva de ejemplo los recortes gubernamentales a las primas de las energías renovables que tantos proyectos fotovoltaicos y eólicos han arruinado, provocando cuantiosos litigios en diversas instancias judiciales. O las recientes reformas en el Impuesto sobre Sociedades relativas a los pagos a cuenta o a la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de las participaciones en sociedades filiales.
Otras veces la inseguridad jurídica es consecuencia de interpretaciones restrictivas (y poco razonables) de la Administración respecto del cumplimiento de determinados requisitos o la aplicación de una norma más favorable: deducibilidad de gastos, deducciones por investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), compensación de pérdidas o motivación económica válida en operaciones de reestructuración.
Finalmente subrayo la incidencia negativa que para las sociedades de capital (excluidas las cotizadas) puede tener la entrada en vigor el día 1 de enero de 2017 del derecho de separación de un socio en caso de falta de reparto de dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación obtenidos durante el ejercicio anterior (artículo 348 bis Ley Sociedades de Capital).
Si bien el fundamento de la norma es proteger a los socios minoritarios de un posible abuso por parte de la mayoría del capital social, puede comportar un importante desembolso a las sociedades que tenga consecuencias desfavorables para la capitalización de las empresas, así como en sus planes de inversión. Y ello en un contexto de crisis y dificultades de financiación (o, en muchos casos, de refinanciación).