Seguridad y/o libertad

LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA ha llevado a muchos países a desarrollar tecnologías para controlar los focos de contagios. China se ha convertido en el referente del uso de aplicaciones y dispositivos para contener y erradicar el brote surgido en Wuhan. Pero el gobierno comunista no ha recurrido a lo digital con fines exclusivamente sanitarios, sino que, tal y como advierten los críticos con el régimen de Beijing, muchas de estas soluciones también se utilizan para reforzar la capacidad de coerción sobre cualquier atisbo de disidencia con la línea que marca la línea oficial. Para los más pesimistas el uso de la tecnología para controlar a la ciudadanía no es solo una cuestión de las dictaduras. Así, los estados democráticos también estarían escuchando cantos de sirena de esta tentación autoritaria, aprovechando la crisis del coronavirus. Tal y como apunta Andrea G. Rodríguez, analista en ciberpolítica de la web El Orden Mundial, esta tendencia “ya había aparecido en países con teórica pluralidad política, como Brasil o Hungría, pero no había justificación para incrementar la vigilancia hacia sus ciudadanos”. Con todo, hay también miradas que consideran que no es un riesgo extrapolable a cualquier democracia. Antonio Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación política, explica que el alarmismo ha sido la tónica general “pero las aplicaciones que se han puesto en marcha en la mayoría de los países de la UE cuentan con las garantías necesarias. Legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos europeo avalan precisamente el respeto por la privacidad”. En una línea similar se manifiesta Elisabet Roselló, analista de tendencias emergentes y fundadora de Postfuturear, quien cree que la tentación autoritaria no viene solo de la mano de la tecnología: “La aplicación de sistemas de control depende de la cultura política de la sociedad o estado en cuestión”. El riesgo no proviene solo de las autoridades, puede ser que la propia población reclame una vigilancia más estrecha. Roselló recuerda que “a mayor incertidumbre social y política más se tiende a preferir el control en nombre de la seguridad”. La petición o aceptación de una mayor intervención estatal no debe conllevar a la renuncia de derechos básicos en los estados democráticos. Así lo ve Andrea G. Rodríguez, quien resalta una serie de garantías contra la tentación autoritaria provenga de donde provenga, como son una separación efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, además del rol clave de una prensa libre. Además, la analista en ciberpolítica advierte que “si no estamos alerta, vamos a ser capaces de que el miedo a que la crisis empeore se imponga, entonces podríamos ceder parcelas de libertad que luego serían muy difíciles de recuperar”. El filósofo Albano Cruz, especializado en tecnología, explica que es importante comprobar cómo la ciudadanía percibe el posible giro de un estado hacia un mayor control: “la palabra clave es «intromisión». Si hay vigilancia, pero solo hay interferencia justificada, entonces el cambio se asienta como estable”. Y advierte que “pensar que una democracia tiene por defecto unos valores morales dados, como la defensa de la intimidad o la privacidad, es desatender unas vulnerabilidades que no van a desaparecer por no mirarlas”. Más allá de la dicotomía gobierno-ciudadanía, Gutiérrez-Rubí señala riesgos provenientes de otros ámbitos: “El diseño del ecosistema digital está pensado para generar necesidades y dar una falsa sensación de libertad ya que la dependencia que crean puede llegar a modificar el comportamiento social”. Y concreta advirtiendo que “el principal problema es la cesión de la privacidad a cambio de determinados productos. Conceder nuestra información personal debería ser un elemento vital, pero con el chantaje «o nos das tu información o no puedes utilizar este servicio» nos vemos abocados a que cualquier empresa sepa más de nosotros que nuestro Gobierno”.