Buenas Prácticas

La dimisión, tras quince años de excelente gestión, de Miguel Zugaza como director del Museo del Prado reaviva el tema de las Buenas Prácticas. Esta normativa, surgida en distintas instancias y no aplicada en todos los centros de arte españoles, aunque sí de forma dispar en algunos, establece entre otros puntos severas restricciones al nombramiento de directores por parte de los políticos de los que el centro depende.

Con ello se ha pretendido frenar las arbitrariedades de los partidos en el terreno museístico, propósito loable. Suele implicar la convocatoria de un concurso con un jurado en el que habitualmente figuran miembros del patronato de turno y profesionales en principio independientes. Sin embargo, aunque las Buenas Prácticas tienen buena prensa en el sector, sus resultados despiertan ciertas dudas. Que la designación de responsables de grandes museos públicos dependa de políticos electos, con diferentes visiones e intenciones culturales, tiene su sentido. Son en buena medida cargos de confianza, como los directores generales. En Francia, al director del Museo del Louvre lo nombra el presidente de la República en razón a sus “competencias científicas” a instancias de la ministra de Cultura, y no parece que les vaya mal. Suele durar bastantes años en el cargo. El director es responsable ante su ministro, y el votante toma nota.

Por otra parte, en los nombramientos mediante jurado... todo depende del jurado. No es inaudito ver convocatorias “internacionales” que acaban favoreciendo al candidato local que todo el mundo imaginaba, a veces viejo amigo o colega de quienes le votan. Es un sistema que tiende a reafirmar el poder gremial y el establishment vigente, y blinda con fuerza al nuevo director, que ojalá salga bien, porque en caso contrario...

Tal vez habría que ir profundizando en fórmulas mixtas.