Políticas de empleo y vivienda asequible
mínimo vital (IMV) y en la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Enric Morist, coordinador de Cruz Roja en Catalunya, se felicita de la aprobación del IMV, pero lamenta que queden excluidos de él los jóvenes de 18 a 23 años, a no ser que tengan a familiares a su cargo, y los migrantes sin permiso de residencia. “Otro problema que debe solucionarse es que los nuevos demandantes deben solicitar la prestación telemáticamente, y la mayoría no están en condiciones de hacerlo solos, es urgente crear equipos ahora, no en septiembre, para acompañarles en este proceso”, reclama Morist.
Las organizaciones sin ánimo de servicios de ducha y lavandería para los sintecho.
El fin del confinamiento y la progresiva reapertura de restaurantes, bares y hoteles ha dado un relativo respiro, pero, tal como dice Enric Morist, el tercer sector vive una “calma tensa”. La incertidumbre duele. Los presagios no son nada halagüeños tras confirmarse una caída histórica del PIB, de un 5,2% durante el primer trimestre del 2020, en comparación con finales del 2019. De hecho, Oxfam Intermón dibujó el pasado mes de junio un panorama muy negro considerando que un descenso del PIB del 9% y un aumento del paro hasta el 19% a finales de año supondría dejar a 93.000 ciudadanos más en situación de pobreza en Catalunya, y 700.000 más en el conjunto de España.
No en vano, cabe recordar que durante el periodo de confinamiento las entidades sociales catalanas han atendido de urgencia a un mínimo de 640.000 personas, en la mayoría de los casos les han proporcionado alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad, además de buscar soluciones para pagar su alojamiento.
“Ha habido una crisis sanitaria, pero todos los indicadores nos reafirman en que también hay una crisis social importante, y debe haber una respuesta. Estamos trabajando con el Govern para impulsar un plan de choque, no se pueden repetir los errores del 2008, cuando mucha gente se quedó al margen de la recuperación. Y ante la previsión de aumentos importantes del paro nos preocupa mucho la supresión de políticas de empleo”, subraya Iglesias.
Enric Morist apunta que “ese elemento de incertidumbre nos hace dudar sobre qué dispositivos preparamos para septiembre; de los cien centros de logística humanitaria que funcionaron durante el confinamiento, mantenemos 55 a pleno rendimiento, sólo el de Badalona tiene capacidad para atender a 2.000 familias, y el de Sabadell, a 1.400”. La actividad de Cruz Roja es un fiel barómetro de la situación. También cabe reivindicar el papel jugado desde marzo por las pequeñas organizaciones, las que difícilmente llegan a final de mes, las que dependen principalmente de los fondos transferidos por las administraciones.
La cita del Síndic con el Tercer Sector el pasado 30 de junio volvió a plantear la necesidad de aprobar una normativa específica que reconozca la función de las entidades sociales y que establezca modelos de financiación estables y transparentes para superar la actual fórmula de la subvención. Una asignatura pendiente que ya se puso de relieve en la crisis del 2008 es diversificar los recursos para no tener que depender de las transferencias públicas. |
Francina Alsina
Además de reconstruir, hay que ver qué se había construido. La reconstrucción social sólo será posible si no olvidamos el punto de partida de antes de la Covid-19, que era la perfecta combinación de la desigualdad: trabajo precario y vivienda prohibitiva. Por lo tanto, el primer paso para superar esta grave crisis social es garantizar estos dos derechos esenciales para la dignidad y autonomía de las personas. Si no lo logramos, volveremos a dejar atrás a muchas personas, como en el 2008.
Barcelona tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de recuperación, como ha sucedido otras veces. De los 700.000 ERTE registrados en Catalunya, más de 200.000 corresponden a la capital catalana, con la amenaza que supone de que puedan ser definitivos. Es imprescindible que la ciudad active todos los mecanismos para paliar la pérdida de puestos de trabajo, con especial atención a las personas vulnerables, y potenciar las políticas propias de inserción laboral en colaboración con el tercer sector. La experiencia y los resultados de iniciativas como el programa Làbora son un ejemplo claro de que si trabajamos conjuntamente (administración pública y entidades sociales) las oportunidades para las personas se multiplican.
También es indispensable que el Ayuntamiento de Barcelona invierta más esfuerzos en aumentar el parque de vivienda social. Ya era urgente, pero ahora, todavía más. La oferta de vivienda asequible es prácticamente inexistente e incapaz de ofrecer alternativas a aquellas personas que no pueden pagar los precios desorbitados del mercado libre. El precio medio del alquiler en Barcelona se sitúa en los 1.000 euros/mes, absolutamente inasumible con sueldos precarios y trabajos inestables. Antes de la Covid-19 ya había un millón de personas en torno a Barcelona en exclusión residencial. Actualmente, la situación ha empeorado enormemente, con miles de familias que corren un riesgo altísimo de perder su casa. Las entidades sociales no dan abasto para cubrir todas las demandas de ayuda que, durante la emergencia, se han duplicado.
Y otro punto de la reconstrucción es la mejora de la coordinación y cooperación entre los servicios sociales y las entidades sociales para una atención de más calidad. Sumar esfuerzos, no duplicarlos, y poner en valor que el tercer sector es y hace un servicio público que, en la pandemia, ha vuelto a estar en primera línea.