1936, el fracaso de las izquierdas
Los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga no fueron capaces de controlar la violencia tras la victoria del Frente Popular de febrero
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La primavera de 1936 fue uno de los periodo más violentos de la Segunda República. En España, en cinco meses hubo mil episodios violentos con más de dos mil víctimas. De la mitad se conoce los incitadores. En el 80% de los casos fueron las izquierdas. De las cerca de 1.500 víctimas de las que se conoce la filiación, también las izquierdas, con un 51%, fueron las que tuvieron más, por un 35% de las derechas. Y con la excepción de los falangistas, las derechas lideraron solo en un 28% las acciones violentas.
Los gobiernos de Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga, ambos de Izquierda Republicana, no consiguieron controlar la violencia después de la victoria electoral del Frente Popular de febrero. Fueron además incapaces de condenar la violencia de las izquierdas, y eso les restó credibilidad. El hecho de señalar a las derechas como perturbadoras e iniciadoras de la misma radicalizó a los moderados y dio protagonismo a falangistas y monárquicos. Eso impidió consolidar la democracia. Esta es la tesis del libro Fuego cruzado, del catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Álvarez Tardío (Madrid, 1972) y del catedrático de Historia Política de la Universidad Complutense de Madrid Fernando del Rey (La Solana, 1960). Este ensayo está llamado a generar polémica porque parte de la misma premisa que Álvarez utilizó –entonces junto con Roberto Villa– en 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017): mostrar datos, crudos, y plantear que no hay interpretación política ni mirada retrospectiva sobre la República a partir de la Guerra Civil.
Los datos que se muestran en medio millar de páginas, bibliografía al margen, salen de un trabajo importante, la consulta de una veintena de archivos y de un centenar de periódicos. El resultado es el mismo que en la anterior obra: las izquierdas que controlaban el gobierno de la República se llevan una reprimenda porque les costaba aceptar una sociedad pluralista y un régimen liberal. Su sectarismo dogmático habría condicionado sus credenciales democráticas e imposibilitado para gobernar para todos los españoles.
Esta violencia la aprovecharon la derecha radical y los falangistas, con apoyo financiero y militar, para sus planes golpistas con un discurso antirrevolucionario, antimarxista y nacionalista y ganando apoyos moderados que antes no podían esperar. La tesis es sugerente y, tal como la plantean los autores, plausible. Precisamente por eso, el lector se queda con ganas de que se interprete más los resultados de la investigación.
En la obra hay un elefante enorme que apenas aparece: Catalunya. Lluís Companys se menciona solo una vez, pero los autores dicen que aliarse con los protagonistas de la insurrección de 1934 tuvo un coste moral para Azaña. En cambio, según los datos, el sesenta por ciento de las víctimas de la violencia política se dio en quinceprovincias–conMadridalfrente– , entre las que no hay ninguna catalana.
En la de Barcelona, la más poblada del estado con 1,8 millones de personas, hubo relativamente pocos episodios violentos en el periodo. Entre otros motivos, porque, como señalan los historiadores, la Generalitat –y, sobre todo, el conseller de Trabajo de ERC, Martí Barrera– medió en buena parte de los conflictos laborales y sociales.
Álvarez y Del Rey no lo dicen, pero sus datos demuestran que para justificar la carga anticatalanista del golpe de estado de julio, los alzados se basaron en la propaganda y en su sectarismo ideológico, y no en la violencia existente a Catalunya aquella primavera. Con un porcentaje de violencia similar al de Lugo y Tenerife, las provincias catalanas eran aquellos meses casi el oasis del que hablaban Manuel Brunet en La Veu de Catalunya y Antoni Rovira i Virgili en La Humanitat . No es poca cosa.