El saneamiento interminable
El sector financiero lleva cuatro años de reestructuración en los que los constantes cambios en la regulación han fracasado en su intento de contar con un sistema sólido
El domingo 29 de marzo del 2009 se dio el pistoletazo oficioso de salida a la reestructuración del sistema financiero español. Ese día, el Banco de España intervino Caja Castilla La Mancha (CCM), una pequeña entidad que gestionaba 26.000 millones de euros en activos y que había cometido errores de bulto en su gestión, al invertir en aeropuertos, promotores de dudosa reputación y ladrillo, mucho ladrillo. La caída de esta caja se produjo casi dos años después del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Hasta ese momento y todavía durante muchos meses después, el Gobierno y el Banco de España presumieron.
“Aquí no hay subprime”, “tenemos una banca de Champions League”, “nos llaman de todas partes del mundo para que les expliquemos las provisiones genéricas” o “nuestro modelo de supervisión bancaria imposibilita que aquí se hagan las barbaridades que hace la banca anglosajona” fueron algunos de los lugares comunes de esa época. La banca española estaba a salvo. No había nada que temer.
Incluso cuando se intervino CCM, la recién llegada ministra de Economía, Elena Salgado, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se hartaron de repetir –en medio de fuertes críticas a la exageración de la prensa internacional– que “CCM es sólo el 0,8% del sistema financiero español”, por lo que –añadían– “la banca es solvente”.
Tres años después, las cifras han cambiado sustancialmente. Las intervenciones o nacionalizaciones de Bankia, Nova Galicia, Catalunya Caixa, CAM, Unnim, Caja Sur, CCM y Banco de Valencia han afectado a grupos que gestionaban unos 700.000 millones de euros, lo que supone aproximadamente la mitad de los activos del conjunto de las cajas y una cuarta parte del sistema financiero en su conjunto.