Despejar las dudas por el inmobiliario

ponderados por riesgo (la cartera de créditos cuyo deterioro puede mermar el capital). Para las entidades que no tuvieran accionistas o cuya financiación mayorista superara el 20%, el mínimo se puso en el 10%. El tiempo para conseguir el capital fue medio año y el resultado, cuestionable. Tres cajas –Nova Galicia, Catalunya Caixa y Unnim– fracasaron y fueron nacionalizadas en septiembre. Y dos de las que salieron a bolsa para lograr fondos –Bankia y Banca Cívica– están controladas por Caixa Bank y el Estado sólo unos meses después. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo tenía clarísimo: era preciso acabar con las dudas de los inversores hacia la banca española y para eso las entidades tenían que reconocer sus pérdidas en el inmobiliario de una vez por todas. Dicho y hecho. Apenas dos meses después de la llegada del nuevo Gobierno, se decretó el primer incremento brutal de las provisiones para cubrir el riesgo de la banca por los promotores. El objetivo era triple: obligar a la banca a realizar 53.000 millones en dotaciones; estimular las fusiones tras poner al descubierto a los más débiles y que fluyera el crédito. Los efectos han sido muy notorios ya en las cuentas de resultados del primer trimestre (por las mayores provisiones). Pero la confianza no ha vuelto y varias entidades –Caja 3, Bankia, Banca Cívica– arrojaron la toalla, mientras otros se las ven y se las desean para subsistir.