POR UN PACTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
La Comisión Europea está en vías de reconocer que la austeridad no es suficiente para impulsar el crecimiento económico y generar empleo. Muy probablemente, en la agenda de la próxima cumbre europea que tendrá lugar el próximo mes de junio, se incluirá la propuesta de un pacto para el crecimiento. Este pacto podría contemplar una inversión de 200.000 millones de euros en infraestructuras, energía y tecnología. El cambio de actitud de la Unión Europea debería aprovecharse para impulsar algo similar en España.
El primer paso es tener muy claro lo que no debemos hacer en el futuro. Hay que dejar de lado las inversiones públicas de dudosa rentabilidad económica y social. La austeridad en la inversión pública exige reasignar los escasos recursos disponibles hacia los proyectos que, tras un riguroso análisis coste-beneficio, aseguren un impacto positivo sobre el entorno empresarial, en especial el exportador. La inversión pública se convertiría, de esta forma, en un factor de impulso del crecimiento económico de actividades industriales y de servicios de alto valor añadido, en coherencia con el mantenimiento de la política de consolidación fiscal.
El planteamiento actual del simple recorte de inversiones debe evolucionar hacia la reforma de la política de inversión pública. En dicha reforma deben implicarse las administraciones con competencias en los proyectos de interés general: la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. De ahí la propuesta realizada por la Cambra Oficial de Contractistes d’obres de Catalu- nya de un plan Concertado de Inversión Pública.
El liderazgo del plan Concertado de Inversión Pública correspondería a la Administración General del Estado. Una vez definidos los proyectos que han de impulsarse en las circunstancias actuales, las comunidades autónomas deberían incorporar aquellos otros proyectos que los complementasen y generasen sinergias en su impacto sobre las empresas instaladas en el territorio. A través de la acción concertada se daría coherencia funcional y territorial a las actuaciones a llevar a cabo, lo que permitiría incrementar la eficiencia económica de las inversiones, con respeto a las respectivas competencias.
Para la financiación de este plan Concertado de Inversión Pública podría recurrirse al ahorro privado interno, falto en la actua-
España debería realizar un plan Concertado de Inversión Pública para impulsar el crecimiento
lidad de alternativas que generen confianza. La oferta sería invertir en infraestructuras para generar crecimiento económico que haga posible la devolución de la deuda pública, en lugar de emitir títulos exclusivamente para refinanciarla.
Así como todas las administraciones deben hacer un esfuerzo conjunto para conseguir la consolidación fiscal, este esfuerzo concertado en la inversión pública sería una respuesta adecuada a una situación en la que los escasos recursos disponibles deben ser utilizados con austeridad y eficiencia económica.