Vender bonos patrióticos, sí, pero ¿a quién?

Quienes compraron bonos de una autonomía y quieran vender antes del vencimiento se encuentran con que el mercado es muy poco líquido o no existe; los expertos aconsejan esperar por el casi nulo riesgo de impago

Si usted es uno de los miles de personas que compró en su día bonos patrióticos de la Generalitat –la catalana o la valenciana–, la Región de Murcia, Baleares o Andalucía y necesita el dinero, ármese de paciencia. Es muy probable que en su oficina bancaria, la misma en la que le dijeron que se trataba de una gran ocasión para obtener una excelente rentabilidad a su dinero, no sepan muy bien cómo se pueden vender esos bonos, tal como ha comprobado La Vanguardia con varios bancos y cajas, pero también con Bolsas y Mercados (BME) –que integra AIAF, el mercado de renta fija– e incluso el Banco de España.

En teoría, no tiene por qué pasar nada. Pese a los problemas de liquidez de la práctica totalidad de las comunidades, el Estado no va a dejar caer a ninguna autonomía. Por lo tanto, todos los bonistas cobrarán... siempre que España no sea rescatada. “En ese caso, la renegociación de la deuda implicaría quitas que acabarán afectando a los bonistas de las comunidades autónomas”, asegura un experto en deuda de un banco que trabaja con el Tesoro.

En varias oficinas de los bancos colocadores admiten que no saben qué decir a un cliente que quiera vender El primer consejo es no vender, pero a veces las entidades buscan que compren otros clientes o ellos mismos

Dejando al margen ese escenario muy remoto, la dinámica para deshacer posiciones no está clara. En una de las entidades colocadoras explican cuál es la hoja de ruta para los clientes que quieran vender. “Lo primero que les decimos es que no lo hagan y que se esperen al vencimiento, así cobrarán el cupón y recuperarán la totalidad de la inversión”. El argumento es que las comunidades autónomas no quebrarán porque el Estado no lo permitirá.

“Si persisten en vender ya, entonces intentaríamos colocar los bonos en el AIAF –mercado secundario de deuda pública–, pero con pocas garantías de éxito, ya que es un mercado muy poco líquido”. Si esta opción fracasa, se activa el plan C: “A un buen cliente, se le puede hacer el favor de buscar a otro cliente de la entidad que quiera comprar”. En último extremo, “y para clientes excelentes, nos podemos hacer cargo nosotros, es decir, comprarle el bono e incorporarlo a nuestra cartera de deuda pública”.

Resulta curioso comprobar cómo en el departamento de tesorería de otra entidad –que cotiza en el Ibex– y que también colocó estos bonos aseguran que estas dos últimas opciones son ilegales. La CNMV las prohibió hace un año para evitar, precisamente, que se realizaran operaciones poco claras y sin las debidas garantías de un precio justo. De hecho, en la entidad que defiende estas opciones reconocen que desconocen cómo se fijaría el precio.

Los emisores tienen la obligación de que estos bonos se nego- cien en un mercado secundario, pero ahora que la negociación de otros bonos mucho más líquidos como son los del Tesoro está bajo mínimos, es muy difícil que se crucen operaciones y se pueda saber el precio real de los bonos patrióticos. En el caso de los bonos emitidos por la Generalitat de Catalunya, la mecánica es más fácil que en el resto.

La razón es que el volumen captado en las cuatro emisiones realizadas desde noviembre del 2010 supera los 13.000 millones de euros. Una cifra considerable.

En la Bolsa de Barcelona hay contratación diaria de este tipo de títulos. El problema es que el volumen de transacciones es muy escaso. “Nadie quiere comprar, por lo que si hay alguien que tiene necesidad de vender, se ve obligado a ofrecer descuentos muy importantes”, dicen desde una de las entidades colocadoras de los bonos.

Según datos de la Bolsa de Barcelona, el pasado viernes cambiaron de manos 515 bonos patrióticos de la Generalitat. Teniendo en cuenta que los vencimientos de estos bonos son dentro de unos pocos meses o, como máximo, un año y medio, los descuentos actuales son enormes. Por ejemplo, en el bono que vence el próximo noviembre, las operaciones de compraventa se han cerrado a 945 euros cada bono, lo que supone un descuento del 5,5%. Esto supone que, para el adquiriente, la rentabilidad supera el 25% en términos de TAE. En el resto de los casos, los descuentos en el precio de los bonos son más acusados y son superiores siempre el 10%.

Los bonos de la Generalitat catalana son los más líquidos al tratarse de emisiones de un alto volumen Los tenedores de bonos de Murcia y Baleares pueden ver que, sencillamente, no hay mercado para ellos

¿Y qué pasa con el resto de las comunidades? En la práctica, no hay mercado. De acuerdo con el Boletín del Mercado de Deuda Pública del Banco de España, el último precio que se marcó en la negociación de bonos de la Región de Murcia, emitidos en diciembre del 2011, es el nominal –1.000 euros– y el día de la transacción corresponde a la fecha de la colocación. Desde entonces, nada. La emisión fue de 217 millones. “Si en el mercado institucional apenas hay volumen, imagínate en el minorista”, dicen en Société Générale. Al final, los clientes se resignan. “La gente nos hace muchas consultas, pero al ver lo que les supondría vender, prefieren no hacerlo”, comentan en otro banco. No les queda más remedio. Hay que esperar al vencimiento y confiar en que para entonces todo siga en pie.