MÁS CONTUNDENCIA CONTRA LA DEUDA
El Gobierno lleva siete meses adecuando leyes a las exigencias de la actual situación económica. Por una parte busca reducir el gasto de las administraciones públicas y, por otra parte, trata de conseguir, a la vez, un aumento de los ingresos fiscales sin perjudicar el empleo y la competitividad. Las 90 páginas del BOE del 13 de julio son una compilación de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, con más de lo primero que de lo segundo.
Lo hecho hasta ahora está en el buen camino, pero la velocidad de su implantación y, especialmente, el logro de resultados, exige un tiempo que es ajeno a la prisa necesaria para frenar el aumento del principal de la deuda pendiente y los vaivenes de su coste, por lo que convendrían actuaciones adicionales para allegar recursos con los que dar certeza a la recomposición de las administraciones públicas y frenar excesos.
En los países más afectados por la deuda soberana, el temor al corralito y las prevenciones an- cestrales dieron lugar a una estampida del dinero en efectivo, que se dobló con fuga de otros capitales. La recuperación de estos recursos es difícil, pero necesaria, y siempre sujeta a certeza de mantenimiento de la titularidad. Una vía sería la emisión de bonos
Lo hecho hasta ahora para reducir la deuda está en el buen camino, pero hacen falta actuaciones adicionales
nacionales con un interés superior al índice de precios al consumo (IPC) e inferior al que se requiere para la renovación de la deuda. El atractivo lo aportaría la posibilidad de endosarlo, la de ser aceptado para el pago de impuestos y venir arropado por no requerir exigencia de origen.
Las viviendas propiedad de extranjeros pagan algunas tasas e impuestos. Una parte de estas viviendas las usan sólo los propietarios, otras se alquilan o alternan los dos usos. Las dos últimas podrían soportar una tasa específica, que sería suave para las que
son propiedad de residentes en países transparentes en cuestiones financieras. Las que pertenezcan a residentes en paraísos fiscales deberían pagar algo más y las registradas en paraísos fiscales no reconocidos en España les correspondería una más elevada.
Las residencias públicas para personas mayores gestionadas por las administraciones públicas son más costosas que las parti-
Las residencias públicas para personas mayores son más costosas que las particulares
culares que trabajan para las mismas instituciones que, sin embargo, no les van a la zaga en cuando a calidad. Esas instalaciones públicas pueden venderse a las entidades especializadas que han acreditado su calidad, con lo que, por un lado, se obtienen ingresos y se reducen los costes de atención y mantenimiento.
Las administraciones públicas de todos los niveles del país tienen tendencia a crear emisoras de radio y televisiones que gestionan con pérdidas. Las privadas deben financiarse con anuncios, mientras que las públicas prescinden de las obligadas interferencias de las privadas y reciben ingresos de estas. Acotar el número de las primeras ahorra dinero pú- blico y da lugar a más competencia y, esta, aporta más calidad.
El número de ayuntamientos en España casi dobla al de Alemania que, a su vez, casi dobla la población de España (el número de comunidades autónomas también se acerca al doble de los länder alemanes), sin que eso signifique una peor atención para sus ciudadanos. Convendría facilitar la agrupación de ayuntamientos,
Las administraciones públicas de todos los niveles poseen radios y televisiones que gestionan con pérdidas
especialmente los pequeños que no pueden tener, por ejemplo, un parque de bomberos, que sin embargo sería viable con la agrupación de cinco o siete, según los casos. Un consejo comarcal, dada la proximidad y la mayor población, sería más útil y barato que el conjunto de las entidades menores, podría ampliar y mejorar las prestaciones, especialmente en casos de insolvencia y cuando se acuerda voluntariamente por las partes implicadas.
Muchas infracciones de tráfico se detectan con sensores fijos que captan la matrícula de los vehículos y permiten cobrar la multa, pero sólo funciona con los vehículos del país que están debidamente registrados, porque los extranjeros sólo pagan cuando han sido vistos in fraganti. Es factible ubicar en cada frontera terrestre un detector de matrículas que, con la debida información, permita decir a los infractores cuándo, dónde y cuál fue la incorrección por la que se le multa. La recaudación, la disuasión y la equidad son las ganancias que justifican una inversión que se recupera a corto plazo.
Convendría facilitar la agrupación de ayuntamientos, especialmente los pequeños