LA RECTA FINAL DE LA REFORMA FINANCIERA
Estamos en la recta final del proceso de reestructuración bancaria destinado a devolver la confianza al nuestro sistema financiero. El camino ha sido largo y no se completará hasta junio del próximo ejercicio. El primer bloque de la reforma financiera se inició con el llamado primer decreto Guindos, y se focalizó en la cobertura del riesgo inmobiliario exigiendo a los bancos elevar el ratio de cobertura de los activos dañados. El suelo debía cubrirse hasta el 80%, las promociones en curso hasta el 65% y la vivienda terminada hasta un 35% de media. De esta forma, los activos dañados alcanzaron una cobertura media del 43%, cuando a finales del año pasado la provisión era sólo del 29%. Dentro de este primer bloque debemos citar también el segundo decreto Guindos, que exigió una cobertura del 30% sobre los préstamos al promotor al corriente de pago.
En junio, el Eurogrupo acordó conceder hasta 100.000 millones de ayuda al sistema financiero español, y también se aprobó el Memorando de Entendimiento (MOU), en el que se determinó que el proceso de recapitalización de la banca española se debería basar en los resultados individuales del test de estrés que tenían que realizar dos consultoras internacionales, Roland Berger y Oliver Wyman.
Todo ello quedó recogido en el real decreto 24/12 del pasado 31 de agosto y, poco después, el 28 de septiembre, se publicaron los resultados individualizados por entidad. También se estableció en este real decreto de agosto la creación del llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos (Sareb), que deberá constituirse el próximo 30 de noviembre y que antes de fin de año deberá contar con unos recursos propios de 3.900 millones de euros.
El principal accionista del Sareb será el FROB (45%) y, tras varios contactos, los inversores internacionales han manifestado poco interés en entrar en el capital de la entidad, por lo que el resto del capital será suscrito muy probablemente por la banca española. En una segunda fase, en febrero del 2013, el Sareb deberá elevar sus recursos totales hasta 5.000 millones, y parece ser que será entonces cuando entrará el capital extranjero.
Una vez publicados los resultados individualizados de los test, se inició la cuenta atrás de la reestructuración financiera. El resultado del test de estrés de Oliver Wyman reflejó un déficit de 57.000 millones de euros. No obstante, el Gobierno confía en que finalmente el sector bancario sólo precisará unos 40.000 millones, ya que las entidades bancarias consideran que podrán cubrir la diferencia captando capital privado y vendiendo propiedades, traspasando activos al Sareb o con la quita a las participaciones preferentes.
Las cuatro entidades rescatadas (Bankia, Catalunya Banc, NGC Banco y Banco de Valencia) serán las primeras en obtener la ayuda pública a finales de este mes. Asimismo, estas entidades traspasarán al Sareb un volumen de activos de 44.000 millones de euros. El resto de las entidades con déficits de recursos propios deberán subsanarlos antes del 31 de diciembre y las que no lo consigan tendrán de tiempo para recapitalizarse sin ayudas públicas hasta junio del 2013, pero en caso de no conseguirlo el FROB inyectará capital público. Estas entidades está previsto que traspasen al Sareb unos 20.000 millones de euros. El volumen de activos en poder de esta entidad no podrá superar los 90.000 millones. Hasta el momento el Eurogrupo no
Las entidades españolas que sobrevivan tendrán un mejor futuro, aunque no sea inmediato
ha hecho desembolso alguno, y lo que aporte a la banca a través del FROB no será una recapitalización directa, sino que se computará como deuda pública.
No todas las entidades en reestructuración precisarán dinero público para su capitalización. En algunas, como es el caso de Banco Popular, sus accionistas privados confían en que el esfuerzo de saneamiento que se les pide acudiendo a la macroampliación que está llevando a cabo se verá recompensado ampliamente en el próximo futuro. Y es que el actual proceso de reestructuración del sistema financiero español marcará un antes y un después del sector. La reducción y concentración de las entidades significará una fuerte disminución de la estructura bancaria española, que si bien tenía cierto sentido cuando el crédito crecía a tasas del 27% anual, no lo tiene en la actualidad. Las entidades españolas que sobrevivan tendrán un mejor futuro, aunque no sea inmediato.