Empieza la batalla por la subida de pensiones
Más de 8,4 millones de pensionistas estarán pendientes de lo que ocurra con el IPC de noviembre. No es para menos, ya que es mucho lo que está en juego. Este dato es el que se toma como referencia para consolidar la subida de las pensiones con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2012 y sobre la cantidad resultante se fija el aumento para 2013. Según los últimos cálculos, a la Seguridad Social esta actualización de las pensiones con le costaría la friolera de 6.000 millones de euros que pasarían al bolsillo de los jubilados.
Un auténtico roto para el déficit público que no puede superar el 6,3% del PIB, según lo acordado con Europa y que ya sin tener en cuenta esta decisión parece prácticamente imposible cumplir por la desviación del gasto de las comunidades autónomas.
Esta es la razón por la que el incremento de esta sustanciosa partida se ha convertido en la prueba del siete. Los mercados y el BCE la han convertido en un test para comprobar la auténtica voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy de cumplir con su compromiso de sanear las cuentas públicas hasta restablecer el equilibrio presupuestario en el plazo de tres o cuatro años.
Esta es la razón por la que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha sugerido en el Senado la necesidad de tomar medidas para controlar el gasto en pensiones y aportar “credibilidad” al proceso de consolidación fiscal: “Sería altamente conveniente que se diseñaran un conjunto de medidas que incidan en aquellas partidas más afectadas por el envejecimiento de la población”. Verde y con asas...
Sin embargo, Rajoy se resiste como gato panza arriba. No actualizar las pensiones con la inflación es tanto como pegarse un tiro en el pie, aunque tiene por delante para recuperarse tres años sin elecciones. Es el recorte más duro que aún le queda pendiente y una decisión difícil si se recuerdan las cosas que dijo cuando es- taba en la oposición. Cuando el 27 mayo José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones para evitar el colapso financiero, los populares votaron en contra. Y por si esto no hubiera sido suficiente, también se opuso a la reforma que aumenta gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años impuesta por Europa.
El PP ha estado esquivando la decisión desde que llegó a La Moncloa. Primero fueron las elecciones andaluzas, después las gallegas y las vascas y, por último, las catalanas. Pero ha llegado la hora de la verdad. El viernes sabremos el IPC de noviembre. Si se repitiese el comportamiento de octubre los precios se situarían en el 3,5%. Dado que la subida de las pensiones aprobada fue del 1%, habría que subir a todos los pensionistas el 2,5% con efectos retroactivos.
El Ejecutivo se está empleando a fondo desde septiembre para evitarlo. Ha hablado con gasolineras, polleros y hueveros para que no suban los precios. Se trata de neutralizar artificialmente el impacto que la subida del IVA tuvo sobre el IPC (entre 0,6 y 0,9 décimas). Con anterioridad, al ministro de Economía, Luis de Guindos, se le había ocurrido un índice de precios ad hoc para pensionistas que no recogiera la subida de los impuestos. Una “ocurrencia” que su colega la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tildó de “impresentable”. lo que no dejó otra opción que hacerse trampas en el solitario y conseguir que el coste de la cesta de la compra declinase milagrosamente en noviembre.
La treta puede funcionar en Es- paña pero no convence en Bruselas. Por eso tendrá que ir acompañada del retraso de la edad real de jubilación para reducir gastos. Se hará elevando la edad mínima de jubilación anticipada de 61 a los 63 años. Un nuevo parche que no es suficiente para compensar el rápido envejecimiento de la población. Lo que si sería un cam-
El Gobierno tiene miedo al cambio estructural que supone aplicar el factor de sostenibilidad
bio estructural es introducir el llamado “factor de sostenibilidad”. Es decir, que las pensiones suban con un nuevo baremo que tenga en cuenta el crecimiento económico, el déficit público y el envejecimiento de la población. Esto supone que su poder adquisitivo podrá empezar a bajar automáticamente si las cosas van mal.