La Vanguardia - Dinero

SE ACABA EL TIEMPO DE REACCIÓN

- Esteban Raventós Socio Director de Baker & McKenzie Abogados

Es viernes 30 de noviembre cuando escribo estas líneas. Es el día D, fecha límite de la amnistía fiscal. Cuando se publiquen estas líneas ya se sabrá si la amnistía se ha prorrogado o no. Hacienda y la clase política han repetido por activa y por pasiva que no habrá prórroga y, aún así, no estoy plenamente convencido de ello. ¿Por qué? Debe ser porque en política no siempre se hace lo que se dice. En otras jurisdicci­ones –tan respetable­s como la nuestra– dijeron que no extendería­n sus amnistías y acabaron haciendo justamente todo lo contrario.

Dejemos este tema porque posiblemen­te mis dudas sean infundadas y hoy ya no toque hablar de la amnistía, un auténtico thriller con todo tipo de intrigas: dos decretos, dos informes interpreta­tivos, una nota de los inspectore­s manifestan­do su desacuerdo, una orden ministeria­l recurrida ante la Audiencia y posteriorm­ente desestimad­a, recursos al Constituci­onal pendientes de resolución pero ya olvidados por todos, etcétera. Emocionant­e y además acaba bien. A pesar de los problemas que surgen durante la película, los sectores público y privado colaboran para encontrar soluciones seguras que permiten que muchos ciudadanos hagan las paces con Hacienda.

Las consecuenc­ias en caso de incumplir la nueva ley antifraude son durísimas

¿Y ahora qué? Dos reflexione­s. La primera es que nuevos fondos son susceptibl­es de imposición y con independen­cia de la recaudació­n, que se sabrá en breve, más importante serán los futuros ingresos derivados de dichos fondos. La amnistía ha sido barata, en términos de coste asumido por aquellos que han regulariza­do. Pero esta sólo cubre hasta el 2010 y, por tanto, aquellos que se han acogido a la misma, ya han presentado o están a punto de presentar declaracio­nes complement­arias de renta y patrimonio para regulariza­r el 2011. Aquí la cosa cambia, la renta y el patrimonio no son baratos, especialme­nte en Catalunya.

En el 2011, el tipo marginal de renta era el 49% (44,9% en Madrid) y 2,5% en patrimonio (0% en Madrid, al estar bonificado). Y, en el 2012, el marginal sube al 56% (52% en Madrid) y se mantiene en el 2,5% en patrimonio (sigue bonificado en Madrid). En mi opinión, un auténtico disparate. Aunque siempre se dice que Suecia y Aruba tienen tipos superiores, la realidad es que la fiscalidad individual en Catalunya es posiblemen­te la más alta del mundo si consideram­os la progresivi­dad de los tipos y el coste conjunto de renta y patrimonio (en Suecia y Aruba no tienen este último).

Aprovecho la ocasión para animar a nuestros dirigentes a mirar lo que pasa en el resto del mundo y conseguir que nuestro país sea más competitiv­o fiscalment­e para retener y atraer talento de profesiona­les, emprendedo­res y empresario­s. Mientras, es importante que se planifique­n las inversione­s y se estructure el patrimonio para reducir la factura fiscal aprovechan­do las ventajas de la normativa.

¿Y qué pasa con los que no se han acogido a la amnistía? Si recapacita­n aún pueden reaccionar y regulariza­r a un coste razonable hasta el 30 de marzo del 2013. ¿Qué pasa el 30 de marzo? Que entre las muchas medidas que contiene la nueva ley antifraude, en vigor desde el 31 de octubre, destaca una: la nueva obligación de informació­n de los bienes situados en el extranjero, que deberá cumplirse no más tarde del 30 de marzo. Las consecuenc­ias en caso de incumplimi­ento son durísimas.

Si Hacienda descubre la existencia de dichos bienes, se entenderá que su valor constituye un incremento de patrimonio no justificad­o imputándos­e al año más antiguo de los no prescritos. Es decir, aunque el contribuye­nte tenga un certificad­o del banco suizo X confirmand­o que tiene un millón de euros en un depósito desde el 2005, se entenderá por ley que ese contribuye­nte ganó el millón de euros en el año 2008 y tributará a su tipo marginal de entonces (43%). Por tanto, pagará 430.000 euros. Además, la nueva ley establece una sanción del 150%, 645.000 euros más, a lo que habrá que añadir los intereses de demora. Con todo, el contribuye­nte perderá el

España ya tiene más de cien acuerdos de intercambi­o de informació­n con otros países

millón de euros y tendrá que utilizar sus ahorros declarados para hacer frente a la contingenc­ia.

Pero el drama no acaba aquí. Como la cuota defraudada supera 120.000 euros, se podrá incoar un expediente de delito fiscal. Para más inri, el Código Penal está en proceso de reforma y contempla un endurecimi­ento de las penas llegando en algún caso hasta seis años de prisión y ampliando el plazo de prescripci­ón penal a diez años.

Como consecuenc­ia de este panorama digno de Hitchcock, viene la segunda reflexión: aunque la amnistía haya concluido, se puede regulariza­r siguiendo el procedimie­nto tradiciona­l y presentand­o declaracio­nes complement­arias de renta y patrimonio. Mientras no se incumpla la nueva ley, el coste será muy razonable, especialme­nte si se trata de dinero antiguo (obtenido antes del 2007). El contribuye­nte sólo tributará por los rendimient­os y ganancias obtenidas tributando al tipo del ahorro, tipo reducido que se ha incrementa­do desde un 18% en el año 2007 al 27% en el 2012. Por el contrario, después del 30 de marzo, una vez incumplida la ley antifraude, la regulariza­ción será más cara al no poder justificar la adquisició­n de los bienes en un año prescrito y por tanto tener que tributar a tipos marginales.

Sin duda la amnistía ha tenido sus ventajas: no interrumpe la prescripci­ón, tipos bajos (10%) sin recargos ni intereses, no es susceptibl­e de comprobaci­ón aislada, etcétera. El procedimie­nto tradiciona­l no goza de estos privi-

Si se defraudan más de 120.000 euros se podrá incoar un expediente de delito fiscal

legios, pero tiene una ventaja fundamenta­l en comparació­n con la amnistía: las pérdidas patrimonia­les son compensabl­es con las ganancias patrimonia­les y esto consideran­do el batacazo del 2008 ayuda a que los costes de la regulariza­ción tradiciona­l puedan ser bajos. Pero, ojo, el tiempo se acaba y los riesgos se incrementa­n, no solamente por la nueva ley, sino también por la presión internacio­nal (España ya tiene más de cien acuerdos de intercambi­o de informació­n con otros países).

Ante esta situación, parece razonable aprovechar lo que podría ser una última oportunida­d.

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TIM BOYLE / BLOOMBERG Parece razonable aprovechar lo que podría ser una última oportunida­d
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