La Vanguardia - Dinero

Rajoy se olvida de la agenda reformista

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La política reformista debería tomar el relevo a la política de austeridad presupuest­aria que ha llegado a un punto, que de mantener los recortes sería contraprod­ucente. La falta de consumo está frenando el crecimient­o y este a su vez impide que Hacienda recaude más, lo que imposibili­ta el cumplimien­to de los objetivos de déficit público. Este círculo vicioso se agrava porque los mercados desconfían de las posibilida­des del país para hacer frente al pago de los vencimient­os de deuda, lo que hace subir los tipos de interés que absorben una buena parte de lo que se había conseguido ahorrar con los recortes.

Para escapar de este bucle infernal y entrar en un círculo virtuoso, como el logrado en 1996 cuando el PP llegó al poder bajo la batuta de José María Aznar, hay que poner el énfasis en la transforma­ción de nuestras estructura­s productiva­s para ser más competitiv­os.

Como me comentó el vicepresid­ente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, cuando estaba escribiend­o Los días que vivimos peligrosam­ente (editorial Planeta), “el problema de España se llama 940.000 millones de euros, que es lo que debe al exterior. Para pagar esta extraordin­aria suma, la única opción es vender productos y servicios en el extranjero. Para ello es necesario poder ofrecer una relación calidad-precio mejor que los competidor­es. Esto hace imprescind­ible reducir sus costes de producción. Dado que los más importante­s son los laborales, energético y financiero es imprescind­ible afrontar un profundo cambio para salir de esta crisis. Y eso va a costar tiempo, aunque dependerá del ritmo y la intensidad con que el Gobierno realice esas reformas”.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a la Moncloa despertó enormes expectativ­as. Los cien primeros días estuvieron impregnado­s de una fiebre reformista: reducción de altos cargos y de 448 organismos públicos; ley orgánica de Estabilida­d Financiera; reducción del número de organis- mos reguladore­s; reforma del sistema financiero; reforma laboral; recorte salarial del 25% de los directivos de las empresas públicas; eliminació­n de un centenar de consejeros; plan para eliminar la deuda de las administra­ciones públicas con sus acreedores; reforma de la ley hipotecari­a para las familias más humildes; reestructu­ración del sector público empresaria­l; ley de Transparen­cia para inhabilita­r a los cargos públicos por su mala gestión.

Rajoy pretendía dar un sentido de urgencia a su acción de gobierno con el fin de transmitir confianza, tanto en los ciudadanos como en los inversores. Pero muy pronto se puso de manifiesto que la mayoría de estas reformas no tenían calado político. Más que reformas eran parches, cuando no meros enunciados que luego ni se cumplían.

Después comprobamo­s que la lógica económica se supeditó a la política. La agencia reformista debía esperar hasta que pasaran las elecciones territoria­les. Este año se han celebrado cuatro comicios que han condiciona­do su actuación: las elecciones andaluzas, vascas, gallegas y catalanas.

Esto no significa que Rajoy no haya hecho nada. Probableme­nte en este año de Gobierno conservado­r se hayan reformado más cosas que en los siete de Zapatero y que en los ocho de Aznar, pero es insuficien­te para sacar al país de la crisis. En la agenda política se ha abierto una ventana de oportunida­d para retomar la agenda reformista, ya que durante dos años y medio no habrá comicios. Sin embargo, el impulso reformista del Gobierno pierde fuelle día a día, según se dice en voz baja en los pasillos del poder.

Aún está pendiente rematar la reforma laboral que sigue sin resolver la dualidad de la contrataci­ón laboral entre fijos y precarios. La reforma financiera está encarrilad­a, pero sigue sin ordenarse el mapa bancario y el ban-

En los pasillos del poder se dice que el impulso de los cien primeros días se diluye paulatinam­ente

co malo no ha arrancado. La reforma energética se ha limitado a una subida de impuestos. La reforma fiscal se mantiene a la espera, igual que la sanitaria o la educativa. Por no hablar de la reforma de las pensiones, que duerme el sueño de los justos... Y de la financiaci­ón autonómica ni siquiera hablamos...

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