El dilema de las rotaciones

Europa debate si hay que obligar a cambiar de auditor cada ciertos años

La labor del auditor es esencial para el funcionamiento de una economía de mercado, ya que da o no credibilidad a los estados contables de las empresas. Las firmas tienen acceso a información muy sensible y pueden apretar tanto como quieran a sus clientes antes de emitir su juicio sobre si la cuenta de resultados y el balance de las compañías reflejan la imagen fiel de esas sociedades. Ocurre, sin embargo, que, a lo largo de los años, la relación es tan estrecha que puede acabar viciándose.

Eso es lo que piensan los partidarios de introducir por ley la rotación obligatoria de auditor cada ciertos años. La Comisión Europea tiene el tema sobre la mesa, aunque no hay una decisión tomada. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos decidió descartar la medida que había propuesto el consejo de auditoría, creado tras los escándalos de WorldCom y Enron. El Reino Unido también lo estuvo sopesando y llegó a la misma conclusión.

Pero en Europa, la discusión sigue abierta. Los opositores a introducir la medida son los grandes dominadores del mercado, aunque están bien provistos de argumentos. En Deloitte, por ejemplo, dicen que “el cambio obligatorio no ayuda en nada a mejorar la calidad y, en cambio, incrementa el coste, porque el esfuerzo en los primeros años tanto para el auditor como para el cliente es inmenso hasta que los equipos se engrasan”. Quienes abogan por regular la rotación aseguran que sucede todo lo contrario: se convocan concursos y los precios pueden bajar.

Para mejorar el funcionamiento de la profesión, Deloitte propone dar más fuerza a los comités de auditoría de las empresas y avanzar en el aprovechamiento del conocimiento que tiene el auditor de ellas. “Si el auditor sabe más cosas, hay que posibilitar que las diga, que las ponga en su informe; los matices son muy importantes y muchas veces se pierden, porque la ley no nos ampara”. No es la única reivindicación sectorial.

En España es obligatorio auditar las cuentas cuando una empresa cumple dos de estas tres condiciones: tener más de 2,85 millones de euros en activos, facturar 5,7 millones de euros o más y contar con al menos 50 trabajadores”. Y muchas pymes se ganan la vida auditando a empresas que no superan por demasiado los niveles mínimos.

¿Y qué pasa con las grandes empresas? Que son territorio de las llamadas big four, las cuatro grandes: Deloitte, PwC, KPMG y EY (antes, Ernst & Young). Mercè Martí, presidenta de Iberaudit y del Grupo 20 –que aglutina a ese número de entidades medianas–, reclama una mayor apertura. “Las firmas medianas podrían auditar a empresas del Ibex sin problemas”, afirma. Martí reclama que se celebren más concursos y que no pongan condiciones

La rotación es sana y ayuda a competir, pero puede resultar incómoda para los grandes grupos

absurdas, “como exigir que la auditora que opte a un contrato facture al menos 40 millones en España, porque eso limita la puja ya de entrada a muy pocas”.

“Hay gente que dice que somos un oligopolio, pero se trata de un sector tremendamente competitivo en el que no todo el mundo tiene nuestra red, nuestro expertise y nuestros medios”, se defiende Javier Lapastora, socio responsable de auditoría de PwC. Nadie duda de que las grandes eléctricas o bancos están fuera del alcance de una firma con menos de cien empleados. Pero hay muchas otras empresas que sí que podrían auditar. En este sentido, en otra de las grandes firmas de la auditoría defiende que haya más concursos. “Los cambios sólo deberían producirse si el supervisor ve que alguien lo ha hecho mal o si el cliente prefiere confiar en otro”, dicen en la firma. Por último, Llorenç López Carrascosa, socio responsable de la oficina de Barcelona de EY, sostiene que “aunque pueda haber una concentración fuerte, nuestra profesión ya está muy regulada”. Mejor no tocar nada...