Perder el empleo será más caro
El aspecto más contestado de la reforma fiscal es, sin duda, la decisión de empezar a gravar las indemnizaciones por despido de aquellos trabajadores que superan los salarios medios, esto es, los 20.000 euros brutos anuales. Quienes hayan sido despedidos desde el pasado día 20 tendrán que tributar por aquellas cantidades que excedan los 2.000 euros por año trabajado. O, expuesto en términos de magnitudes dilatadas en el tiempo, quienes llevasen 20 años trabajando en un empresa tendrán que tributar por los pagos que excedan de 40.000 euros. Quienes están en esa situación desde el viernes reciben íntegra su indemnización pero deberán dar cuenta de ella en su declaración de la renta del año que viene. Quienes sean indemnizados desde el momento en que entre en vigor la ley, presumiblemente a finales de este año, verán descontado el importe con la retención que le practicará la propia empresa que le despide.
Javier Ragué, abogado fiscalista del despacho Cuatrecasas, considera que la intención del Gobierno es evitar que la exención de estas cantidades se siga utilizando como elemento de negociación entre las empresas y los trabajadores. La consecuencia es que, a partir de ahora, cualquier diálogo donde los trabajadores tengan cierto margen se realizará en términos de importes netos y, de alguna forma, a las empresas les saldrá más caro. Para evitar precisamente el denominado efecto fronte
ra, esto es, que las empresas que tuviesen previsto ejecutar despidos se anticipasen a la entrada en vigor para hacerlo a un menor coste, la norma entrará en vigor con carácter retroactivo y fecha 20 de junio de este mismo año.
Tratando de calmar los ánimos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistía tras el Consejo de Ministros del pasado viernes en que la medida será objeto de negociación. Montoro volvió a reafirmar que la finalidad no es obtener una mayor recaudación porque sólo habría afectado al 20% de los despidos indemnizados en el 2013. Fuentes del PP incluso cifraron los nuevos ingresos que permitiría entre 100 y 200 millones de euros anuales. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al 2011, en España hay 6,6 millones de contribuyentes que declaran bases imponibles por encima de 21.000 euros y que, por tanto, son potenciales afectados por la decisión en caso de despido improcedente. Dentro y fuera del partido se da por descontado que el límite de 2.000 euros anuales se flexibilizará durante la negociación con los sindicatos y, más adelante, con los grupos parlamentarios.
Esteban Raventós, socio responsable del departamento fiscal de Baker & McKenzie, cree, sin embargo, que no habiendo entrado en vigor ya está afectando a las negociaciones. A su juicio, la primera consecuencia va a ser que cualquier indemnización se va a plantear en términos netos. Aunque legalmente cualquier pacto en el despido obliga a tributar desde el primer euro, pocos despidos improcedentes se hacen a través de esta vía cuando en muchos de ellos existe un acuerdo previo. Enrique Seoane, socio del área fiscal de Deloitte, también cree que introducirá una mayor conflictividad porque los sindicatos siempre negocian sobre impactos netos.
Lo que no cabe duda a los expertos es que la medida ha sido muy meditada para que no haya estratagemas que permitan eludir o minorar el pago de estos tributos. Jesús Sanmartín, presidente de REAF-REGAF (la rama del Consejo de Economistas que agrupa a los asesores fiscales), asegura que la imposición será imposible de eludir. El especialista apunta que todo lo que exceda del límite expuesto se acumulará a las cantidades cobradas en ese año fiscal y tributará en el tramo que le corresponda aunque con una reducción del 30% al tratarse de ingresos irregulares. Así, quienes sean despedidos y reciban la indemnización a finales de año acabarán tributando más porque ésta se acumulará a las rentas percibidas durante todo el ejercicio fiscal. Es presumible que, por tratarse de trabajadores cuyo sueldo está por encima de la media, la parte imponible acabará pagando con altos porcentajes.
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid Emilio Albi apunta la contradicción de que lo que ahora se quiere gravar es un aumento de una capacidad económica “que se debe precisamente a una pérdida grave, como es ahora el puesto de trabajo”. Albi observa el interés de Hacienda por atajar despidos de mayores de 60 años que en realidad ocultan el pago anticipado de los sueldos hasta la edad de jubilación, pero “el problema es que el sistema fiscal no hace cirugía” y genera así muchas injusticias.