Menos incentivos al alquiler
Los precios de los alquileres inmobiliarios han bajado y el mercado empieza a mostrar cierto dinamismo después de varios años de sequía. El Gobierno ha aprovechado el primer oxígeno que llega a este sector para comenzar a reducir de forma considerable las exenciones que pretendían dinamizar la ocupación del abundante parque de viviendas deshabitadas. Si el mensaje de hace unos años era que en España había una obsesión por la adquisición de una vivienda propia y poca tradición de alquiler y que, por tanto, había que impulsar lo segundo, ahora ha cambiado radicalmente. La justificación del Gobierno es que en el 2013, después de muchas presiones por parte de la Comisión Europea, se suprimieron las ayudas a la compra de vivienda con desgravaciones sobre el pago de las hipotecas (se mantienen en las suscritas hasta entonces) y que ha llegado el momento de hacer lo propio con el sector del alquiler para los contratos que se firmen a partir del 2015.
Los más perjudicados son sin duda algunos arrendatarios. En concreto, los jóvenes menores de 30 años con determinadas condiciones económicas que disponían de una serie de desgravaciones que desaparecerán. La crisis se ha llevado por delante la importancia de impulsar la emancipación de los jóvenes sobre quienes hace algunos
años se decía eran los europeos que más tarde dejaban la casa de sus padres. Eso no ha cambiado mucho, pero el orden de prioridades sí. Catalunya sumó a esa desgravación una propia del 10% con circunstancias más restrictivas cuyo futuro depende de la Generalitat.
Javier Ragué, del despacho Cuatrecasas, explica que hace unos años las rentas del alquiler eran en muchísimos casos opacas, por lo que existía la necesidad de tomar medidas que permitiesen aflorar estas situaciones para que comenzasen a tributar. Desgravar a los inquilinos era una forma de conseguirlo, pues implicaba un incentivo. Pero desde hace algunos años las compañías eléctricas remiten a Hacienda informes sobre el titular y el consumo de cada vivienda, por lo que resulta relativamente sencillo para la Agencia Tributaria descubrir la utilización de un inmueble cuyo alquiler no está siendo declarado.
Pierden los inquilinos pero también los caseros. sobre todo aquellos que alquilaban sus pisos a menores de 30 años, a quienes el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió bonificar el 100% de sus beneficios. Los jóvenes también pierden con la decisión, pues a menudo la bonificación era un incentivo suficiente como para correr los riesgos de solvencia que llevan consigo alquilar a quienes tienen contratos temporales o incluso un primer empleo. A quienes alquilan a mayores de esa edad también se les reduce la parte del beneficio exenta de tributo, que pasa del 60% al 50%. A pesar de la reducción de los impuestos sobre el ahorro, el resultado arrojará una pérdida neta para el arrendador en la inmensa mayoría de casos, aunque poco significativa.
Enrique Seoane, de Deloitte, apunta que quienes lo verán de forma más apreciable son quienes habían encontrado en el alqui- ler a jóvenes un buen negocio, pues tendrán que empezar a pagar por la mitad de una renta que antes estaba exenta. “No están claros sus efectos sobre el mercado, pero lo seguro es que no va a facilitar la emancipación de los jóvenes españoles”, añade Seoane.
Esteban Raventós, de Baker & McKenzie es más claro a la hora de apuntar directamente al enorme parque de viviendas que todavía quedan en España por vender. “Creo que ya no conviene tanto incentivar el alquiler como la venta, por lo menos a quienes tienen un importante parque de viviendas por vender”, apunta Raventós directamente a las entidades financieras como beneficiarias de esta decisión.
Para el catedrático Emilio Albi, lo que el mercado del alquiler necesita no son más ayudas, sino seguir la senda de la vivienda en propiedad. Aunque, eso sí, “es muy importante proteger los derechos de propiedad para evitar la sobreprotección del inquilino” que hasta hace poco podía pasar muchos meses en una vivienda por cuyo alquiler había dejado de pagar.
En el terreno de la propiedad, la comisión del informe Lagares había ido mucho más lejos y había pedido la supresión total de la desgravación por hipoteca con un periodo transitorio máximo de cinco años. El propio Lagares explicó que no tenía sentido mantener una desgravación del pasado que tardará 28 años en desaparecer. El Gobierno lo ha dejado como está, manteniendo en cierto modo el pulso a Bruselas y asumiendo un coste anual que se cifra en unos 1.800 millones al año. Tampoco se han incorporado nuevas cargas sobre la segunda vivienda ni, por ahora, modificado los impuestos municipales que gravan especialmente la propiedad inmobiliaria. Eso queda para más adelante.