Realmente ¿‘Spain is different’?
En el 2013 el comercio de productos energéticos (balance exportacionesimportaciones) arrojó un déficit de 40.997 millones de euros” El desarrollo de los hidrocarburos propios también debería ser considerado una prioridad para el Gobierno central”
En el 2012, el petróleo y sus derivados representaron, aproximadamente, el 51% del total de la energía primaria consumida en España, seguidos de lejos por el gas natural con un 19%, la nuclear con un 11%, las renovables con un 10% y el carbón con un 9%. Para satisfacer las necesidades de su diversidad energética, nuestro país debe importar gas, petróleo, carbón y uranio, de modo que su nivel de dependencia del exterior es superior al 86%, muy por encima de la media europea.
En el capítulo de la seguridad de suministro, los riesgos asociados a nuestro elevado grado de dependencia han sido adecuadamente gestionados por el sistema energético español, que ha sabido diversificar la procedencia de sus aprovisionamientos de hidrocarburos y dotarse de una infraestructura logística apropiada. Sin embargo, el sector energético y, por consiguiente, la economía española están expuestos a un importante riesgo por lo que refiere al precio de los combustibles fósiles, particularmente del petróleo. Así, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad, de enero a diciembre del 2013 el comercio de productos energéticos (balance exportaciones-importaciones) arrojó un déficit de 40.997,6 millones de euros.
Sin duda, la mejora de la seguridad en el suministro y de la balanza comercial en materia energética pasa por las inversiones en eficiencia y por el desarrollo de las fuentes renovables autóctonas, así como por fomentar las interconexiones con los países vecinos. Sin embargo, el desarrollo de los hidrocarburos propios también debería ser considerado una prioridad.
A fin de cuentas, la mayoría de las cuencas sedimentarias españolas están sub-exploradas en lo que se refiere a su potencial en hidrocarburos. A este respecto cabe recordar que el área prospectiva en tierra cubre una superficie de 367.010 km2, mientras que el área pros- pectiva en las aguas territoriales españolas suman otros 621.965 km2 (la superficie terrestre total de España es de 504.750 km2). La industria estima que para considerar una cuenca sedimentaria como explorada se requiere la perforación de un mínimo de cinco sondeos por cada 1.000 km2 y, bajo estos parámetros, solamente la cuenca cantábrica puede catalogarse como explorada.
Sorprendentemente, pese a las razones expuestas, estamos asistiendo a una campaña para paralizar las prospecciones de hidrocarburos convencionales en las aguas marinas de nuestro país, tanto en el Mediterráneo, frente a las costas de Catalunya, Valencia y Baleares, como en el Atlántico, en las islas Canarias. Estamos hablando de trabajos de exploración muy preliminares (adquisición de perfiles de sísmica de reflexión) y de la perforación de dos sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote (ver Dinero del pasado 15 de junio). Los argumentos que se esgrimen para exigir la prohibición de dichas prospecciones son, básicamente, la posibilidad de accidentes y vertidos que puedan dañar a la industria turística y los potenciales impactos ambientales negativos sobre la fauna, la pesca y la calidad de las aguas.
Nadie en la industria niega ni subestima el riesgo potencial asociado a las prospecciones petrolíferas en mar abierto, aunque este sea muy remoto, ni sus posibles impactos negativos sobre el medio ambiente, muy exagerados por algunos. En cualquier caso, conviene saber que nos encontramos ante actividades estrictamente reguladas por la Unión Europea y los Gobiernos de los países miembros. De hecho, sólo tenemos que dar un vistazo a los mapas, como por ejemplo los del Mar del Norte, para percatarnos que en muchos países industrializados-la mayoría de ellos emblemáticos desde la perspectiva de defensa del medio ambiente- las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos frente a sus costas se han desarrollado durante décadas, con la obtención de cientos de miles de kilómetros de líneas sísmicas y la perforación de miles de sondeos, sin que ello resulte sinónimo de catástrofe ambiental generalizada o de incompatibilidad entre la industria petrolera y una intensa actividad turística, tal y como, sin ir más lejos, Tarragona nos ha venido demostrando durante años.
Una realidad que contrasta vivamente con el mensaje transmitido por el movimiento opositor a las prospecciones, que identifica estas últimas con una inevitable e irremediable catástrofe ambiental de grandes proporciones (tipo Macondo). Dicho movimiento, vertebrado en torno a una extraña alianza entre empresarios turísticos y grupos ecologistas, ha elaborado una efectiva estrategia de comunicación basada en el discurso del miedo y en anteponer las emociones al conocimiento.
Para buena parte de los movimientos ecologistas, la razón última que justifica su postura radica en un planteamiento ideológico, perfectamente lícito, de rechazo a los combustibles fósiles. Con este fin, a la hora de ganarle la posición a la industria petrolera, no dudan en impulsar una dinámica de todo vale para abortar cualquier intento de exploración como paso indispensable para evaluar las riquezas del subsuelo. Una táctica que resulta éticamente reprobable por cuanto cercena el derecho de la población a conocer para decidir sobre su futuro.
Por otra parte, desde el punto de vista del sector turístico lo que se persigue es, simple y llanamente, la defensa a ultranza de sus intereses económicos, por encima de cualquier otra consideración. Se trata de un posicionamiento que podríamos resumir bajo el lema de “petróleo no, gasolina sí”. Los empresarios turísticos saben perfectamente que su sector es intensivo en energía, particularmente en productos derivados del petróleo. A fin de cuentas, sin ellos los turistas no podrían llegar a sus destinos ni desplazarse de un lugar a otro, de forma que no se discute el uso masivo de los combustibles derivados del petróleo, sino que lo que se pretende es que este último se extraiga en otro lugar, no importa dónde. O sea, NIMBY ( not in my backyard o no en mi patio trasero) en estado puro.
Y a todo esto, los políticos locales, se limitan a contar votos.