La magia de Disney no vale igual para todos
La Comisión Europea quiere averiguar si Disneyland París discrimina a la hora de fijar sus precios, tras las quejas de ciudadanos británicos y alemanes
Bruselas quiere averiguar si Disneyland París discrimina a la hora de fijar precios, tras las quejas de ciudadanos británicos y alemanes, que pagan más.
Las cuentas del Tío Gilito no le terminan de cuadrar a la Comisión Europea. La política de precios de Disneyland París se ha puesto esta semana en entredicho, por las críticas que han salido a la luz de ciudadanos británicos y alemanes, que se han quejado de no poder disfrutar de las mismas ofertas que el parque de atracciones da a franceses y belgas. ¿Existe algún motivo para justificar esta diferencia en el trato? Bruselas no las tiene todas consigo y ha pedido al Gobierno francés que investigue el asunto.
Como muchas otras empresas europeas, Eurodisney fija precios diferentes para países distintos. Basta bucear brevemente por su página web para comprobarlo. Si unos padres de Londres quieren que su hijo de seis años se divierta con Mikeyy compañía entre el 1 y el 4 de agosto se van a tener que rascar más el bolsillo que la misma familia de Barcelona u otra igual de Bruselas. En este ejemplo concreto, las cantidades van desde los 2.680,91 euros hasta los 2.340,86 euros. Aunque no son los que más tendrán que pagar, porque para el mismo periodo franceses y alemanes deberán desembolsar 3.520,10 euros.
“Proponer tarifas distintas en diferentes mercados quizás no gusta al consumidor, pero ilegal no es”, explica Lucía Caudet, portavoz de Mercado Interior de la Comisión Europea. El problema surge si un ciudadano tiene problemas para pagar por el mismo servicio el precio más barato que existe en otro país de la UE.
En sus quejas, alemanes y británicos denuncian que a través de internet sólo pueden comprar la oferta que existe en su propio país. Ysi deciden viajar hasta París para comprar el ticket en las taquillas del parque, se les exige una tarjeta de crédito francesa. “Eso parecería ser contrario al artículo 20 de la directiva de servicios”, comenta Caudet.
La libre circulación de servicios es uno de los cuatro pilares fundamentales de la UE. La normativa comunitaria que la regula prohíbe las “condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia”, aunque prevé “la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos”. Fuentes europeas reconocen que este último término es demasiado ambiguo.
Un portavoz de Disneyland París defiende ante La Vanguardia la política de precios de la empresa. Según explica, “la tarifa base es igual en todos los países”, pero los packs de oferta varían según el territorio y la época del año en que se contraten. Las decisiones se basan en los estudios de marketing que el parque de atracciones ha hecho en sus más de veinte años de histo- ria y según dice, los resultados muestran que las pautas de comportamiento cambian de país en país.
“Nuestro departamento de ventas tiene 53 calendarios de vacaciones diferentes”, explica el portavoz, pues en la UE, los momentos de descanso “nose disfrutan en el mismo momento, necesariamente”.
Otro de los argumentos que esgrime para justificar la variedad en los precios que se terminan pagando está en el instante en que se compran los billetes. “De media, los británicos reservan con seis meses de antelación y los franceses suelen bloquear sus vacaciones dos o tres meses antes de la fecha elegida”, describe.
Además, según dice, “todos los visitantes no buscan lo mismo. Los españoles, por ejemplo, prefieren estancias más largas, de entre tres y cinco días, mientras que a los italianos les importa más que la oferta incluya el transporte y otros se preocupan, por ejemplo, por tener media pensión”.
Estos son los criterios que Disneyland París tiene en cuenta para vender la oferta “que más convenga” a cada uno. Pero, ¿qué pasa si alguien no está satisfecho y quiere pagar el precio que existe en otro país? Tiene que llamar por teléfono al servicio de atención al cliente que está en París y pedir que se le ofrezcan unas condiciones distintas a las que ha visto en internet. Esto sólo hace referencia a una de las críticas contra el parque que se conocieron el martes. Cuando este diario preguntó al portavoz si la empresa exige realmente una tarjeta de crédito francesa para poder comprar las entradas en las taquillas y el porqué de esta obligación, no supo dar una respuesta.
Corresponde al Gobierno galo averiguar si Disneyland París está cumpliendo correctamente la directiva europea. Comprobar que los criterios que fija para acceder al recinto son justificables ysi noes así, obligarle a cambiar su comportamiento. Para este último caso, Bruselas ha evitado establecer una fecha límite. Fuentes del Ejecutivo comunitario confían en que tras la presión mediática que ha sufrido esta semana, la empresa revise su política de precios. Si se terminara descubriendo que se incumple la ley europea y Francia no pusiera remedio, el Ejecutivo comunitario podría acabar llevando al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.