Luxleaks: la comisión de la impotencia
Los principales responsables políticos y empresariales del caso se han ausentado de la comisión especial del Parlamento
Sin resultados aun pasados seis meses de la creación de esta comisión que pretende analizar el dumping fiscal que enfrenta a los estados de la UE.
Hemos sido más espectadores actores”. Estas palabras del eurodiputado de Convergència Ramon Tremosa reflejan las dificultades con las que ha trabajado la comisión especial sobre el Luxleaks. Creada en febrero en el Parlamento Europeo, esta comisión especial tiene un objetivo ambicioso: pretende no sólo investigar los acuerdos fiscales secretos que signó el gobierno de Luxemburgo entre el 2002 y el 2010 con más de 340 multinacionales para que tributaran sus ingresos en el principado con condiciones muy ventajosas, sino también analizar el dumping fiscal (competencia feroz para conceder a las empresas unas mayores ventajas fiscales) que enfrenta a los estados de la Unión Europea.
Seis meses después, la comisión especial aúnno conseguido que ninguno de los principales responsables políticos y em- presariales del Luxleaks asistiera a las comparecencias. El 13 de julio tenía que comparecer el presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, que a principios de los años 2000 ejerció como ministro de Economía y primer ministro de Luxemburgo. Pero las negociaciones por el tercer rescate griego obligaron a aplazarla sine die. Tampoco los dirigentes de Apple, McDonald’s , Amazon y del resto de multinacionales implicadas aceptaron la invitación.
“Populares y socialistas no desean que la Comisión tenga una gran actividad”, reconoce Tremosa, que califica de “dócil” la actitud de su presidente, el conservador francés Alain Lamassoure. Este, sin embargo, se ha desplazado a países como Irlanda, Bélgica o Luxemburgo, para pedirles que hagan públicos sus tax rulings ( acuerdos fiscales secretos). Pero la mayoría deellos han rechazado esta petición.
En el caso de la delegación belga, se negó a transmitir esta información con el argumento de que los otros países disponen del mismo tipodeacuerdosynoloshacenpúbli- cos. “Unas declaraciones que nos muestran que los estados de la UE conocen los tax rulings de sus países vecinos”, explica el eurodiputado de Iniciativa Verds Ernest Urtasun. Según el diario digital francés Mediapart, el director de la administración fiscal de Luxemburgo reco- noció haber informado a Francia, Alemania y Bélgica de sus acuerdos con las multinacionales.
El trabajo dela comisión del Luxleaks cuenta conla dificultad añadida de que el Parlamento Europeo, “adiferencia delos parlamentos nacionales, no tiene un estatus jurídico para obligar a comparecer”, explica el eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui. Para compensarlo, Jáuregui, y otros miembros de la comisión, han propuesto que sevete la entrada a la Eurocámara a los lobistas de las multinacionales que se han ausentado.
La lucha contra los tax rulings, no obstante, tiene como principal obstáculo el hecho que este instrumento “es legal y no comporta ningún tipo de fraude”, explica Stella Raventós, miembro de la Confederación Fiscal Europea. Legal sí, pero quizás también indignante para buena parte de la sociedad. Por ejemplo, según los documentos revelados con el Luxleaks en noviembre del 2014, McDonald’s tiene un sólo restaurante en Luxemburgo con trece empleados, con el que facturó 3.700 millones de euros entre el 2009 y el 2013 y pagó 16 millones en impuestos (un 0,4%).
Pese a todos estos obstáculos, Jáuregui defiende que el trabajo de la comisión especial ha conseguido que el gobierno luxemburgués muestre“una actitud más colaborativa”. “Luxemburgo comienza a aceptar que los tax rulings sean públicos”, explica Raventós, que considera que una mayor transparencia en este ámbito “impedirá que se concedan ventajas excesivas”.
La Comisión especial del Luxleaks seguirá en funcionamiento hasta noviembre, cuando presentará un informe sobre el dumping fiscal enEuropa. Este debería acompañar el trabajo de la Comisión Europea que prepara una directiva para armonizar el impuesto de sociedades a partir de enero del 2016.
La Eurocámara dispone de pocas competencias para forzar las empresas a comparecer