La digitalización económica
Las Administraciones Públicas limitan la competencia ante el rechazo de los gremios
Ned Ludd, un joven inglés en 1779 rompió dos telares para defender su puesto de trabajo. Desdeentonces su nombrepasóaser emblemático para los que seoponían a la revolución industrial. Treinta años después apareció el ludismo. Un movimiento encabezado por artesanos que protestaron entre los años 1811 y 1817 contra las nuevas máquinas que destruían empleo.
Doscientos años después se vuelve areproducir el fenómeno. La digitalización de la economía, conocida como la cuarta revolución industrial, está produciendo un fuerte rechazo entre los trabajadores y empresarios vinculados a los oficios tradicionales. Esto se ha puesto de manifiesto con la llegada a España de la llamada economía colaborativa. Lógicamente ya no se intenta destruir la tecnología que nos rodea, sino frenar la entrada de nuevos competidores, por lo que el objetivo es destruir o al menos neutralizar el organismo que la promueve como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que preside José María Marín Quemada.
Como muestra un botón: las manifestaciones de los taxistas del pasado 18 de febrero en Madrid, utilizaron el lema: “Por la supervivencia de 100.000 familias”, argumentando la hipotética pérdida de trabajo que repre- sentaría la liberalización del sector, que según dicen terminará en manos de multinacionales. Pero nadie parecerepararenlosbeneficiosque esto reportaría a los consumidores en términos de precio, de comodidad y de eficiencia, ni tampoco en los nuevos empleos con un mayor valor añadido que se están creando.
Comohapasado siempre, en este proceso habrá ganadores, los más, y perdedores, los menos pero más organizados. Pero esto no puede ser óbice para hacer la política del avestruz. La solución, argumenta el cerebro económico de Ciudadanos, Luis Garicano, no está en cerrar los ojos y oponerse al progreso sino en analizar lo que están haciendo las sociedades más desarrolladas y proponer soluciones.
De la misma opinión es la Comisaria de Transporte de la UE, Violeta Blulc, quien afirma que “no solo es imposible detener los servicios que ofrecen empresas como Uber, Blablacar o Airbnb, sino que sería una irresponsabilidad hacerlo”. En su opinión, la economía colaborativa “es algo emergente que no podemos ignorar… Cuando llega alguien nuevo tenemos que asegurarnos querespete la ley, que paguesus impuestos, y que contribuye al marco social europeo. Estoy a favor de crear condiciones para incluirlos y no deponer obstáculos”. Las empresas tienen que cumplir la ley, pero la ley debe servir al interés general.
El profesor Gerard Llobert argumenta en “Nada es Gratis”: “Internet ha transformado muchos mercados: agencias de viajes, tiendas de discos, videoclubs y librerías han desaparecido, reemplazadas por nuevos modelos de negocio que se basan en las ventajas que internet proporciona en términos de comodidad, mejores precios y en algunos casos una mayor inmediatez del servicio. Otro mercado que en muchas ciudades se ha visto transformado es el del taxi con la llegada de servicios como Uber... Las denuncias de la CNMC de los obstáculos que representan los taxistas para la competencia han convertido a esta institución en su gran enemigo (aunque la polémica acerca de su informe sobre la economía colaborativa parece apuntar que la CNMC ya tenía muchos enemigos dentro)”.
Estos “enemigos” de derribar las barreras de entrada paradójicamente están dentro de los organismos encargados de promover la competencia. Engeneral, los consejeros másvinculadosalpartidoenel poder son los más reacios a abrir el debate sobre la economía colaborativa, probablemente ante el temor de enfrentarse a su base social ante la proximidad de unas posibles elecciones. Pero este rechazo nosolo se localiza en la administración central sino también en la local.
Como la CNMCexplica en su informe consultivo sobre los nuevos modelos de prestación de servicios, en el ayuntamiento de Córdoba –cogobernado por el PSOE e IU– se mantieneprácticamente congelado el número de licencias en la última década a pesar del incremento de la población: “Noesmuysorprendente, por tanto, que una licencia de taxi cueste unos 110.000 euros en Córdoba. Esto es especialmente sangrante porque las pocas licencias que el ayuntamiento ha concedido las ha cobrado a 457 euros. Es decir, cada vez que alguien consigue una nueva licencia de taxi le caen del cielo más de 100.000 euros”, argumenta Llobert y lo mismo se podría decir con el de Málaga (PP).
Pero no solo taxis o transporte. La resistencia a abrirse a la competencia se extiende a un amplio abanico de sectores. Sin ir más lejos, el alojamiento turístico se ha convertido en una pesadilla para la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que también ha elaborado un informe sobre el tema. Resulta difícil de explicar que ni en Madrid ni Barcelona, por no citar a Canarias, sea posible un sistema de alojamiento similar al bed and breakfast inglés. Nadie se quiere enfrentar al lobby de los hoteles ni a ninguno otro. Pero lo que es peor aún, hay consejeros dentro de los órganos de Competencia que se oponen a que se regule con prudencia, pero sin prejuicios ante la modernidad y con el objetivo del interés general. Al parecer, al poder le resulta másrentable el viejo sistema del “tomaydaca”.