Urge un cambio en la financiación autonómica
Las autonomías situadas por debajo de la media son las que presionan para no tocar el actual sistema de financiación, dice el profesor Guillem López-Casasnovas.
Se está a punto de encarar un nuevo sistema de financiación autonómica. Es irremediable que llegue tarde, pero no que nazca muerto, lo cual es probable dado el enconamiento actual entre la Administración central y los gobiernos autonómicos, ambos igualmente Estado. Más de lo mismo no puede ser esta vez la solución, y no digamos ya si la propuesta ahonda en el proceso de recentralización recientemente vivido.
Cuando en un Estado la Administración central recauda y se apropia de prácticamente todos los impuestos que pagan los ciudadanos, determina discrecionalmente los mecanismos de nivelación y estima las necesidades de gasto de aquellas de modo unidireccional, se está ciertamente utilizando el nombre del federalismo en vano. Está claro que son los ciudadanos quienes pagan impuestos, pero en el federalismo fiscal lo hacenparalas distintas jurisdicciones de gobierno que los representan. Ello es fruto de un pacto observado lealmente por gobiernos iguales y arbitrado por un Constitucio- nal neutral. Cuando fiscalmente, por ejemplo, no hay catalanes, sino españoles que viven en Catalunya, y la Administración central decide la extensión de las competencias autonómicas y transfiere discrecionalmente los recursos, nopuede caber duda de que estamos en otro régimen muy distinto.
Muchos académicos que enconaron en su día el debate técnico tienen parte de responsabilidad en la situación creada. Negaron en el pasado principios tan obvios como el de ordinalidad (convergencia de recursos y no invertir su orden), que la nivelación ha de ser parcial y no total (ya que de otro modo desaparecen los incentivos a recaudar), que ningún sistema comparado se mostraba más aleatorio y caótico que el español en la asignación de los recursos, sin ni tan sólo una pauta de equidad coherente, y mantuvieron que era justo no considerar las diferentes capacidades de compra entre territorios (aun
La apuesta debiera de ser la del pacto fiscal, leal institucionalmente, y con el filtro del respeto al principio de ordinalidad en la financiación”
Son las autonomías situadas por debajo de la media las que continúan presionando para mantener el actual sistema de financiación”
siendo evidente que lo que compra un salario público o una pensión no es idéntico entre comunidades). Y sobretodo, algunosnosupieronver quelaequidadestabaenaproximar el acceso a servicios del bienestar independientemente de las capacidades fiscales, y no en igualar ren
tas per cápita: una cuestión que es bien sabido compete al desarrollo regional y a la acción eminentemente privada y no a la creación de empleo público o de infraestructuras por las que nadie circulaba.
Pretendieron preservar el statu quo del gasto con supuestos ad hoc (que nadie pierda y que alguna comunidad gane, a conveniencia) siendo ello siempre más caro y resultando pan para hoy y hambre para mañana (al ser relativas las lecturas de las ganancias de la financiación y no absolutas). Despreciaron la evidencia de que las voluntades de autogobierno no son las mismas entre comunidades, y obviaron el hecho de que no era la descentralización del gasto (que en ningún caso se correspondía después con los déficits autorizados), sino del ingreso, lo que nos debía situar en puestos altos de un Federalismo fiscal efectivo. Y así no ayudaron a solucionar, sino másbienlo contrario, la aspiración de una Catalunya que buscaba un reencaje más satisfactorio, y reconducir unas comunidadesforales quecontinuaban yendo por libre.
En este escenario, la apuesta debiera de ser la del pacto fiscal, leal institucionalmente, y con el filtro del respeto al principio de ordinalidad en la financiación: la capacidad fiscal hadeestarpresente enpositivo y no en negativo en sus mecanismos y resultados finales, tal como han propuesto reiteradamente Catalunya y Baleares. El consenso para ello parece ciertamente imposible al defender los gobiernos, hoy beneficiarios, el statu quo. Son las comunidades autónomas situadas por debajo de la media las que continúan presionando para mantener el actual sistema de financiación. Apuestan por una Administración central padre-patrón que estime necesidades de gasto ad hoc y asigne recursos (transferencias, aunque se vistan de cestas de impues
tos), que satisfagan un principio local de suficiencia financiera: el propio de cada comunidad.
Este es unjuego poco técnico pese a las apariencias, inacabable, y discrecional en lo que atañe a la elección de las variables relevantes para valorar aquellas necesidades, a la aproximación a su medida, alcance, ponderación, y aplicación porcentual a una cuantía másomenos arbitraria de fondos. Además, es problemática y poco predecible su dinámica, para la revisión y el ajuste de la financiación en el tiempoalavistadelaevolucióndeaquellas variables, sean cuales sean las elegidas. Pero sobre todo, dicha visión de la financiación autonómica supone un alejamiento definitivo de los valores del pacto, de los poderes compartidos, de la autonomía presupuestaria y de la planificación económica de las comunidades.
Finalmente, por favor, en las propuestas futuras, déjese de utilizar a Madrid como benchmark sin neutralización alguna de sus altos ingresos tributarios, superiores por ejemplo a los de la propia Catalunya, pese a disponer aquella de un PIB inferior. La mayor capacidad fiscal de Madrid no puede identificarse con los ciudadanos de aquella comunidad sabiendo cómo se liquidan los impuestos de las grandes corporaciones y el funcionamiento del aparato del Estado con sede en una capital que es a la vez área metropolitana, provincia y comunidad autónoma.