Apple, Irlanda y los impuestos

En el último año para el que el IRS (la AEAT de Estados Unidos) ofrece cifras, los beneficios declarados por las multinacionales de aquel país en Irlanda representaban el 57 % de su PIB. Los declarados en Luxemburgo el 87%. Como es obvio, la cuantía no es el resultado de la actividad de estas compañías en esas dos economías sino consecuencia del privilegiado trato fiscal dispensado por sus gobiernos que favorece su localización en ellas a efectos fiscales. A pesar de ser miembros de la UE, tanto Irlanda como Luxemburgo tienen establecido un marco tributario mediante el cual las multinacionales eluden el pago de impuestos en los países en donde realizan la mayor parte de sus transacciones. Irlanda y Luxemburgo son, en la definición académica, paraísos fiscales.

Estos marcos favorecedores de la elusión fiscal no son nuevos, pero sí lo es su crecimiento desde el inicio del siglo. Basta comparar las cifras mencionadas con las de 1999 obtenidas por Keightley en su informe para el Congressional Research Service: entonces los porcentajes sobre PIB eran sólo el 14% y el 19% respectivamente. El aumento es inseparable de dos hechos. De un lado, la actuación de estas empresas aprovechando las posibilidades de las nuevas formas de producir auspiciadas por la economía global. De otro, la negativa, al menos hasta ahora, de los gobiernos nacionales a aceptar en la práctica las consecuencias de la nueva geografía económica de la producción, causa destacada, dentro de la UE, de la pasividad mantenida por la Comisión.

De esta forma, frente a la disociación entre los países en dónde se idea y diseña un bien (o un servicio), dónde se produ- cen sus componentes, dónde se ensambla, dónde acaba vendiéndose y dónde se declaran los beneficios, los gobiernos de las economías avanzadas siguen aferrados a un mundo ya desaparecido en el cual el conjunto de la actividad (menos las importaciones) tenía lugar en el territorio bajo su autoridad. Si a ello se suman las posibilidades de la ingeniería contable y societaria el resultado es el reflejado por estas cifras: las grandes empresas multinacionales realizan en unos países el grueso de su actividad y en otros declaran los beneficios (y pagan impuestos).

Los trajes fiscales a medida, como el del gobierno de Irlanda para Apple rechazado hace poco por la Comisión o como los revelados por los Luxemburg Leaks en noviembre de 2014, son, sin embargo, una mínima parte de la multiplicidad de actuaciones de las grandes empresas, y no solo las de EE.UU., para eludir impuestos. El uso de los precios de transferencia (precios contables de los componentes procedentes de distintos países cuya relación con el coste real es imposible de verificar) o los contratos entre filiales, por ejemplo, hace posible aflorar los beneficios allí donde el trato fiscal es mejor. Y los gobiernos nacionales han venido siendo muy generosos con ellas.

Por ejemplo, no hay estudios detallados para España. Pero la comparación entre la tasa efectiva pagada por las empresas del Ibex (5,3% en 2012) y el tipo del impuesto de sociedades (30% en ese año) permite intuir las grandes ventajas que han obtenido de los diferentes gobiernos. Una parte de ellas en forma de subvenciones y normas legales para consolidar balances. Pero otra, la más importante a nivel global, mediante la generalización de los convenios de doble imposición. El objetivo de evitar que se paguen impuestos en dos territorios diferentes por el mismo hecho imponible ha derivado en la estrategia de optimización fiscal de estas empresas para radicarse (a efectos fiscales) allí donde más ventajas se les ofrecen.

Con esta actuación, una filial radicada en un país puede hacer desaparecer sus beneficios, o incluso transformarlos en pérdidas, estableciendo acuerdos de muy diverso tipo con otra filial de la misma empresa localizada en un paraíso fiscal. Es la consecuencia de mantener los principios bajo los cuales se establecieron esos acuerdos cuando el mundo es hoy completamente diferente. Las multinacionales aprovechan sus ventajas; los gobiernos, en el mejor de los casos, siguen presos en viejas ideas, esas a las que aludía Keynes en el prólogo de su Teoría General inservibles ante una realidad nueva.

Tras años de pasividad, la Comisión Europea parece querer iniciar una nueva etapa en este terreno. La actuación respecto al gobierno de Irlanda con Apple, sus exigencias a Google o el compromiso de tener identificados los paraísos fiscales (ajenos a la UE) en 2017 son indicios para pensar que se quiere moderar la asimetría de la relación entre empresas globales y gobiernos nacionales. No va a ser fácil. Lo prueba la decisión del gobierno irlandés de recurrir el acuerdo de la Comisión. También el nulo avance conseguido por Obama en sus ocho años de presidencia para moderar la elusión fiscal de las grandes multinacionales de EE.UU. Y, sobre todo, los posicionamientos favorables a Apple (que no han acabado) en su conflicto con la Comisión a pesar de los resultados obtenidos en la investigación sobre sus prácticas fiscales por el Permanent Subcommittee On Investigations del Senado en 2013. En su informe final, y entre otras llamativas conclusiones, el comité estimaba en 79.000 millones de dólares los impuestos eludidos por Apple entre 2009 y 2011. No ha sido la única empresa investigada y la comparación de las cifras del IRS con el PIB de algunos países demuestra que no es una excepción. Sin embargo, a pesar de las enormes dificultades para acabar con estos privilegios no es fácil entrever otro camino para equilibrar un determinante fundamental de cómo han venido distribuyéndose hasta hoy los beneficios de la Globalización. Y, al mismo tiempo, para mejorar la credibilidad de la UE que no atraviesa por su mejor momento.