Josep Oriol Pujol i Humet

Salario mínimo y umbral de dignidad

Las reflexiones sobre el salario mínimo suelen hacer referencia a su impacto sobre la economía. La idea de que un incremento supondría la pérdida de competitividad del país es hegemónica. Sin despreciar que unos salarios excesivamente elevados podrían frenar el crecimiento económico, constatamos que el umbral mínimo vigente atenta contra la dignidad humana. Ylo formulamos en plural porque identificamos tres realidades extremas en el actual marco salarial.

El primer supuesto es el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo puede vivir una persona, y ya no digamos una familia, con 655,20 euros? ¿Qué actividad económica no genera unos márgenes superiores como para remunerar a sus trabajadores sólo con esta cantidad? ¿No pesan demasiado los intereses de grandes constructoras o empresas multiservicios a la hora de determinarlo?

El segundo, un colectivo precarizado, donde la sostenibilidad de los proyectos económicos parece basarse sólo en los salarios, es el de prestación de servicios a la Administración y a las grandes compañías cotizadas. El único valor absoluto en la Europa de hoy es la libre competencia y se deriva de la contratación por precio de los servicios que las administraciones externalizan. Ose aseguran unos mínimos en la remuneración o se seguirá abriendo la brecha salarial entre los que han accedido a la función pública y los subcontratados.

En tercer lugar nos referimos a la no aplicación de la negociación colectiva por parte de numerosos empleadores y a la norma surgida de la última reforma laboral, según la cual el convenio de empresa prevalece sobre el del sector. ¿Cuántos colectivos han perdido en la práctica condiciones formalmente garantizadas? La subrogación en la prestación de servicios a la Administración permite descubrir a menudo condiciones laborales por debajo de lo pactado formalmente.

La distancia excesiva entre rentas altas y bajas es una injusticia social. Los salarios indignos explican la pobreza, especialmente chocante en la infancia. La vulnerabilidad económica de los progenitores se perpetúa en los hijos tal como corroboran los datos del Idescat, según los cuales el 27,9% de los niños menores de 16 años en Catalunya son pobres. La ingente inversión pública en los rescates bancarios hace cuestionar si no se tendría que destinar también un presupuesto al rescate de las personas. En todo caso, un gobierno socialmente responsable tendría que fijar unas condiciones básicas como el salario mínimo interprofesional, la subcontratación de servicios con condiciones justas garantizadas, la aplicación rigurosa de los contratos a tiempo parcial o la aplicación estrica de los acuerdos de la negociación colectiva. En definitiva, garantizar un sistema salarial justo, entendido como una inversión social por la cohesión, el bienestar, la competitividad y el futuro del país.

Coherencia La inversión pública en el rescate de bancos lleva a plantearse si no se debería destinar dinero al rescate de personas