Con la luz hemos topado
El Gobierno ha convertido el recibo eléctrico en un vehículo oculto de recaudación fiscal para luchar contra el déficit público
El 40% de la tarifa eléctrica corresponde a políticas sociales y energéticas y un 25% son impuestos
El recibo de la luz se ha convertido en el centro del debate público y político como consecuencia de las subidas que se han producido desde las pasadas Navidades. En realidad ha sido una subida muy similar a la que ha tenido lugar en Francia, Bélgica, Suiza o Italia. Y las razones han sido la coincidencia de una serie de circunstancias, una especie de tormenta perfecta: sequía, falta de viento, ola de frío, recorte del suministro del gas de Argelia, parón nuclear en Francia, subida del precio de los combustibles... Y como era de esperar, en la medida en que las condiciones han cambiado y ha empezado a llover, la tarifa ha empezado a bajar.
Pero, en cualquier caso, esta polémica está enmascarando el auténtico problema de fondo. El precio de la electricidad en España es en general más caro que la media Europa. La razón es que el Gobierno está utilizando la tarifa eléctrica como un instrumento de recaudación fiscal para luchar contra el déficit público.
Si pagásemos sólo lo que cuesta producir y distribuir la electricidad, el precio sería un 35% del actual. En torno al 40% de la tarifa eléctrica corresponde a políticas sociales y energéticas que tendría que pagar el Estado vía presupuestos, ayudas a la producción extrapeninsular, financiación del déficit de tarifa y subvenciones a las renovables; mientras que en torno a un 25% son impuestos (21% de IVA como los artículos de lujo). Dicho en román paladino: el sobrecoste del recibo de la luz se debe a las decisiones y errores políticos que se cometieron en el pasado y que el Gobierno actual no es capaz de hacer aflorar. Es importante poner de manifiesto que otros países europeos también tienen externalidades en el recibo de la luz, pero son un 30% inferior a las que tienen que pagar los consumidores españoles.
No es esta una cuestión baladí, ya que afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas. Tras la gran crisis del 2008 era necesario recuperar la competitividad perdida y recomponer los beneficios empresariales. Esto hizo necesario afrontar una dura devaluación interna, pero se realizó exclusivamente rebajando los costes laborales salariales y no salariales. Es decir, se cargó todo el esfuerzo en los trabajadores.
El Ejecutivo podría haber rebajado los costes de las empresas rebajándoles el coste del factor energético. No hubiese sido una ayuda del Estado. Simplemente, los presupuestos generales tendrían que haber asumido las ayudas a las energías renovables, que tan generosamente concedió en su momento el Gobierno Zapatero. También podía haber asumido los sobrecostes que supone suministrar electricidad a las islas Canarias o las Baleares al mismo precio que en la Península, y así un largo etcétera de cosas que ahora pagamos todos los consumidores a través del recibo de la luz.
¿Por qué no lo hizo? Sencillamente porque el Gobierno de Rajoy recibió un déficit público por parte del gobierno socialista superior al 9% del PIB. Haber asumido los costes hundidos del recibo de la luz hubiese hecho mucho más difícil aún cumplir con los exigentes objetivos marcados por Bruselas. Ante esto, Cristóbal Montoro, como todos los ministros de Hacienda, decidió hacerse trampas en el solitario, aunque eso supusiera criminalizar a todo un sector económico.
Es un error pensar que da lo mismo que los costes ocultos se paguen a través del recibo de la luz o a través de impuestos, ya que a fin de cuentas lo van a pagar los ciudadanos como consumidores o como contribuyentes. No es igual. Con una energía más barata, a las empresas le costaría menos producir sus productos y les resultaría más fácil venderlos en los mercados internacionales. A más producción, más empleo. Si para cumplir el déficit el Gobierno tiene que subir impuestos o ajustar los gastos de las administraciones públicas, es lo que tiene que hacer, por impopular que resulte, antes que cargarle el muerto a los demás.
La única manera de que el sistema eléctrico sea realmente eficiente es que los precios reflejen el coste real de generar y distribuir la energía eléctrica.