Universidad: ¿gratuita?
La publicación recurrente de comparaciones entre los precios públicos de la universidad en diferentes comunidades autónomas transmite a la opinión pública la impresión de que la universidad catalana es muy cara. Es incuestionable que los precios nominales crecieron significativamente en Catalunya en el curso 20122013. Sin embargo, lo relevante es cuántos estudiantes pagan esa factura en su totalidad, a qué estrato socioeconómico pertenecen y si el cambio tuvo un impacto sobre el acceso o el abandono de la universidad.
En primer lugar, hay que plantearse si la gratuidad de la universidad es siempre la mejor opción. La respuesta es negativa. Los precios públicos forman parte de los ingresos públicos y, por tanto, deben ser consistentes con el conjunto del sistema tributario. Lo que puede resultar lógico en un país como Alemania o algunos países escandinavos, con un alto nivel de recaudación tributaria sobre el PIB y una intensa progresividad, es regresivo en un país con insuficiencia de recursos públicos o un sistema tributario poco progresivo.
En segundo lugar, muchos de estos estudios comparativos no mencionan que la subida de la universidad en Catalunya se vinculó a una nueva tarifación en función de la renta gracias a la puesta en marcha de un sistema de becas propio. Las llamadas becas Equitat complementan las tradicionales becas MECD y permiten amortiguar el impacto de las condiciones académicas introducidas en la beca general a partir del curso 20122013.
Por tanto, y en tercer lugar, lo importante es saber el efecto combinado del aumento nominal de los precios, vincula- dos a la renta, y las becas Equitat. El análisis del impacto sobre el acceso es complicado pues influyen muchos factores simultáneamente y, en particular, el tamaño de la cohorte de jóvenes en la edad habitual para ir a la universidad (18 a 24 años). Un análisis de la correlación por comunidades autónomas entre matriculación, precios y tamaño de la cohorte de jóvenes entre los años 2011 y 2014 muestra que la matriculación sólo dependió del tamaño de la cohorte y no de los precios públicos. La relación entre la caída de la cohorte de jóvenes y la caída de la matriculación es casi uno a uno. Asimismo se observa que la proporción de jóvenes procedentes de escuelas públicas que entran en las universidades catalanas aumentó en los cursos posteriores a la subida de los precios.
Evidentemente, estos son meros indicios pues no es posible tener toda la información estadística necesaria para analizar la situación de todos los potenciales entrantes. El análisis de la tasa de abandono se puede realizar con mucha más precisión puesto que, en este caso, toda la información está disponible dado que los jóvenes ya accedieron a la universidad en algún momento. La evidencia empírica no muestra un aumento del abandono de los estudiantes, ni general ni por nivel educativo de los padres, con posterioridad a la introducción de los nuevos precios en función de la renta.
¿Qué puede explicar esta ausencia de efecto del aumento de precios de la universidad? En primer lugar, sólo las familias que pertenecen al grupo socioeconómico con mayor poder adquisitivo pagan el precio de la matrícula completo.
Por ejemplo, con la nueva tarifación social en función de la renta una familia de cuatro miembros que sólo tenga rendimientos del trabajo y tribute conjuntamente pagaría el precio completo de la matrícula si sus ingresos fueran superiores a 65.000 euros brutos al año. No parece que una familia con estos ingresos se pueda considerar de bajos recursos. Es interesante notar también que el coste privado total que las familias catalanas pagan por un año de educación universitaria pública es similar a lo que pagan por un año de bachillerato o de ESO. De hecho, si los estudiantes que realizaron sus estudios de secundaria en un colegio privado pagaran en la universidad lo mismo que pagaron en el colegio, los ingresos por precios públicos universitarios habrían aumentado un 56% en el curso 2011-2012, último año para el que existe información de la encuesta del ministerio sobre el coste de la educación secundaria por titularidad de la escuela.
A veces existen dudas sobre la relación entre la renta declarada y la renta real de las familias. La evidencia empírica muestra que los estudiantes con padres con bajos estudios (EGB o inferiores) tienen una probabilidad un 60% superior a la media de tener exención de matrícula. Lo mismo sucede por ocupaciones: los jóvenes cuyos padres tienen un trabajo no cualificado o en la construcción tienen una probabilidad muy elevada de tener exención de matrícula.
Por tanto, la evidencia empírica indica que, aunque los precios nominales de la universidad en Catalunya son altos comparativamente con el resto de España, sólo se aplican a los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos, que además pagaron mucho más por sus estudios de secundaria. Esto explicaría la falta de un impacto negativo del aumento de los precios sobre el acceso o el abandono de la universidad.
En cualquier caso, resulta sorprendente, por su inconsistencia, que algunos partidos políticos pidan que aumente el IRPF para los contribuyentes que ganen más de 60.000 euros y, como alternativa, que bajen los precios públicos de la universidad para esos mismos contribuyentes. Bajar estos precios públicos, o hacer que la universidad sea gratuita, es una medida regresiva en el contexto de un sistema impositivo con insuficiencia de recursos y con una progresividad limitada. En este contexto sería paradójico que familias que están dispuestas a pagar seis o siete mil euros anuales por llevar a sus hijos a un colegio privado durante la secundaria pudieran ir a la universidad gratis. Pero los designios de la política son inescrutables.
Rentas altas Sería paradójico que familias dispuestas a pagar 7.000 € por colegios privados pudieran ir a la universidad gratis