Raül Romeva
Nuevo país, nueva contratación
Compromiso La nueva ley de Medidas Fiscales refuerza la cara más ética de la contratación pública y forma la sociedad de mañana
La manera como la Administración hace contratos con el sector empresarial resulta todavía hoy confusa para una ciudadanía exigente que quiere ser informada. Somos conscientes, y es nuestra responsabilidad cambiar esta percepción. Podemos afirmar, sin embargo, que la contratación ya ocupa un lugar destacado dentro de las nuevas políticas de transparencia del Govern de la Generalitat. Porque estamos convencidos de que las herramientas que nos ofrece la transparencia, también aplicadas en este ámbito, son una buena oportunidad para fortalecer la confianza de la ciudadanía.
En este sentido, la Ley de Medidas Fiscales y Financieras aprobada la semana pasada, establece, por un lado, mecanismos de control para evitar prórrogas, modificaciones, procedimientos de urgencia y conflictos de intereses, y para asegurar que la contratación menor (es decir, la adjudicación directa) cumple escrupulosamente los requisitos legales.
Por otra parte, con respecto a la ética y la responsabilidad social de las empresas, la nueva Ley asegura la transparencia fiscal y promueve la introducción de cláusulas sociales en los contratos. Son cláusulas que valoran el cumplimiento de unos requisitos mínimos salariales, de estabilidad y salud laboral, de responsabilidad ambiental y de medidas de fomento de la igualdad de género y de la conciliación personal.
Estas medidas refuerzan la apuesta decidida del Gobierno por profundizar en la vertiente más social y ética de la contratación pública. Porque estamos convencidos de que también exigiendo determinados estándares sociales, medioambientales y éticos, podemos seguir transformando la sociedad.
Desde el Govern de la Generalitat se han llevado a cabo varias iniciativas para fomentar la contratación con responsabilidad social. Actualmente, ya se promueven cláusulas sociales, se reserva un porcentaje de contratos a favor de centros especiales de trabajo y empresas de reinserción, y también se impulsan códigos de buenas prácticas en determinados servicios. Los informes anuales de seguimiento y supervisión demuestran que estas actuaciones ya tienen resultados claramente satisfactorios.
Así pues, los hitos alcanzados y el mucho trabajo que queda para hacer nos empujan a seguir adelante en la construcción de una nueva cultura para un nuevo país, con servicios públicos inclusivos, de calidad, y que pongan por delante de todo el bien común.
Es evidente que la transparencia y la ética tienen un gran potencial para cambiar la Administración pública. Desde el Gobierno tenemos claro que, impulsándolas, no sólo estamos cambiando las instituciones de hoy, sino que ya empezamos a construir la sociedad de mañana.