El autoconsumo gana terreno
El TC permite compartir un generador eléctrico y España pierde el primer caso de recorte a las renovables
Al sector energético español se le acumulan los problemas legales, tanto dentro como fuera del país. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la prohibición de conectar un generador a una red interior de varios consumidores, es sólo la punta del iceberg. “Ahora ya no existen barreras legales para el autoconsumo compartido en edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales”, señala José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa).
El energético es el sector con más sanciones dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según un informe de la CNMC enviado al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press. Desde su creación, en el año 2014, la CNMC ha dictado un total de 86 multas al sector energético. Sólo en lo que llevamos de año el sector concentra 21 de las 29 sanciones emitidas por el organismo supervisor.
Las cosas no están mejor fuera de España. El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) multó a principios de mayo a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure.
España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables desde el año 2010. Es el segundo país por número de demandas a nivel mundial, sólo por detrás de Venezuela, pero en algunos momentos ha tenido el dudoso mérito de liderar este ranking.
Desde Appa están convencidos que el de Eiser Infrastructure ha sido sólo el primero y que habrá más laudos condenatorios en el Ciadi. Algunas fuentes estiman que las indemnizaciones podrían alcanzar los 7.000 millones de euros. Sin embargo, se produce el agravio que mientras algunos inversores internacionales serán indemnizados, “los inversores nacionales vieron paralizadas sus pretensiones cuando se perdió el recurso ante el Supremo”, explica González Moya.
“Cabría esperar que, si España comienza a perder, uno tras otro, los cerca de treinta arbitrajes internacionales, el Gobierno rectifique y modifique la Ley. No tiene sentido que los inversores internacionales se vean compensados por los recortes retroactivos y los nacionales, que están invirtiendo en su país, se vean injustamente penalizados”, añade el director general de Appa.