Cómo financiar un giro social
El objetivo de déficit y la debilidad parlamentaria reducen el margen de actuación en materia laboral y tributaria
Tiempos acelerados tras la primera moción de censura que ha llegado a buen puerto en cuatro décadas de democracia. Esta semana los nuevos ministros han tenido que empezar a rendir cuentas ante el Senado y el Congreso, cuando ni tan siquiera ensumayoríadisponíandeunsegundo a bordo. “Nohaytiempo –insistía este miércoles la responsable de Trabajo, Magdalena Valerio–, tenemos que venir rodados de casa.” Dure lo que dure la legislatura –dos años en el mejor de los casos– este será un gobierno de los mil y un equilibrios, con la vista puesta en la caja, en Bruselas, en la carrera de San Jerónimo y en el calendario.
El Gabinete de Pedro Sánchez se debate entre las limitaciones obvias queimponenunapoyoparlamentario de sólo los 81 diputados del grupo socialista y las escasas alegrías presupuestarias que pueden permitirse por la senda de la consolidación fiscal que marcan los compromisos con Bruselas. A este cóctel hay que añadir además que el Ejecutivo tiene como mucho dos años para sacar adelante sus políticas. Con esta ecuación, tienen visos de prosperar sobre todo iniciativas de coste público cero o muy cercano a cero, como aquellas para combatir la brecha salarial o cambios muy concretos en el marco laboral como sobre la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa (responsable en buena parte de la devaluación salarial de los trabajadores subcontratados) o la ultraactividad. “Habrá mucho gesto”, vaticinan desde los círculos económicos.
Para lidiar con su debilidad parlamentaria, se da por hecho, además, que el nuevo gobierno apostará por aprobar medidas difícilmente cuestionables ante la opinión pública, algunas de ellas que ya tienen un recorrido parlamentario enesta legislatura. Las limitaciones son obvias: lo admitió esta semana el propio Sánchez, al reconocer que no hay margen para sacar adelante unnuevo modelo de financiación autonómica... Y que, en lugar de tumbar la reformalaboral, se inclinan pormodificaciones de aspectos concretos. Mientras, en la categoría de “lo tenemos en cartera, pero ya veremos”, se pueden clasificar la equiparación del permiso de paternidad y maternidad, la bajada del IVA de compresas y tampones...
El objetivo del déficit del 2,2% para este año deja poco margen de actuación, sobre todo si se tiene en cuenta que, con los presupuestos del anterior gobierno a punto de ser aprobados, ya se planteaban serias dudas sobre su cumplimiento. La subida de los sueldos de los funcionarios y el rescate de las autopistas quebradas contribuye a un desvío de más de 4.000 millones de euros, según las estimaciones de la propia Comisión Europea. Estos cálculos no tenían en cuenta, sin embargo, el incremento de las pensiones de al menos un 1,6% –en línea con el IPC–, acordado en su momento entre el PPyel PNV. Ysi el objetivo de este año comprometido con Bruse- las se antoja complicado, bajar hasta el 1,3% para el 2019 roza lo imposible, tal y como advirtió hace un meslaAutoridad Fiscal. Másencaje de bolillos para el reto de elaborar desde Hacienda los presupuestos del 2019, empezando por la pronta aprobación del techo de gasto.
Y, en cuanto a las protagonistas de la política económica, cambian los roles asumidos en su día por Luis deGuindosyCristóbalMontoro. Sobre la ministra de Economía, Nadia Calviño, recae especialmente la responsabilidad de imponer el rigor presupuestario que exigen desde las instituciones comunitarias de donde proceden, mientras que la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y la propia Valerio desde uninicio hanbajadoa la arena política, defendiendo el discurso del PSOE sobre la implantación denuevosimpuestoscomoel de la banca para contribuir a la financiacióndelaspensiones, la subi- da de los tipos impositivos para las rentas más altas o el destope de la cotización máxima a la Seguridad Social.
Sin duda, la clave, señalan las fuentes consultadas, está en ampliar de manera significativa el caudal de los ingresos públicos, para hacer viable financiar el giro social quehanabanderadoconinsistencia los socialistas desde la oposición. ¿Dedóndesaldrá el dinero? Los primeros anuncios sobre impuestos y costes laborales han sido recibidos con preocupación en sectores empresariales. Aunque es cierto que el Gobierno confía también en incrementar los recursos por el afloramiento de fraude en el mercado laboral o la subida de los salarios –de ahí la importancia de que los agentes sociales alcancen unacuerdosobre salarios para los trabajadores bajo convenio–. “No es incompatible llevar a cabo políticas sociales y cumplir los objetivos fiscales”, opina el analista de Afi Salvador Jiménez. “Pero los recursos tiene que salir de algún lado: el impuesto de sociedades aún no ha recuperado los niveles precrisis, los impuestos medioambientales siguen lejos de Europa, se puede subir el IRPF...”
Las herramientas están ahí, pero las reformas de calado no acostumbran a casar con gobiernos en minoría. Una preocupación que se destila, por ejemplo, en los recientes análisis del Banco de España o Funcas. Hace sólo unos días, el supervisor señaló como riesgo para el crecimiento que “la actual fragmentación parlamentaria podría dificultar la implementación de reformas estructurales y aminorar el ritmo del proceso de reducción del endeudamiento público, lo que podría ocasionar efectos adversos sobre la confianza de los agentes”.