El recorte de las renovables pasa factura a España
España es la parte demandada en 29 de los 109 procedimientos arbitrales en el ámbito de la energía presentados ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Y el Ciadi es sólo uno de los tribunales internacionales con casos contra el Estado español, que en total son casi una cuarentena, lo que sitúa España entre uno de los países del mundo con más demandas presenta das en su contra.
Estas reclamaciones han sido interpuestas por inversores y grandes fondos de capital extranjeros perjudicados por una serie de recortes ala retribución del kilovatio hora de origen renovable. Invirtieron en España en el marco de unas condiciones concretas del mercado y al cabo de sólo tres años el Gobierno cambió las reglas del juego, en prejuicio de la viabilidad económica de las inversiones.
De las seis sentencias dictadas hasta la fecha, cuatro han sido contrarias a España. La última, emitida por el Ciadi, obliga al Estado a pagar una indemnización de 112 millones deeurosal fondoAntin, segúnavanzaba el diario digital El Confidencial. Este laudo, sumado a las otras tres sentencias contrarias, hace un total de 357 millones sólo en indemnizaciones. Ytodavía faltan por resolver más de 30 procedimientos.
A principios de año, la Abogacía del Estado cifraba en 7.565 millones el dinero en juego en la treintena de litigios abiertos. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones, casi una cuarta parte de todas la cantidades demandadas a España.
Varios grupos parlamentarios han preguntado al Gobierno (al anterior y al actual) cómo afectará al recibo dela luz las derrotas deEspaña en los tribunales internacionales. Según Unidos Podemos, si se perdieran todos los laudos arbitrales, la cuan tía apagar equivaldría a una subida de la luz del 20% si hubiera que desembolsarlos de golpe en un solo ejercicio.
“Sería una lástima que el coste recayera en el contribuyente”, declara José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). González Moya entiende que“las sentencia s dictadas de algún modo nos dan la razón ”, en referencia alas muchas quejas del sector ante el cambio de marco regulatorio. Sin embargo, González Moya se lamenta que estos laudos únicamente están beneficiando a empresas e inversores extranjeros, puesto que las firmas locales no pueden recurrir a estos estamentos y en España vieron paralizados sus recursos tras perder ante el Tribunal Supremo.
España sólo ha salido victoriosa en los dos primeros laudos, ambos presentados por la española Isolux, mediante sus filiales en Holanda y Luxemburgo ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. Sin embargo, el Ejecutivo no lo da todo por perdido todavía en los casos condenatorios. En noviembre, la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España al considerar que estos arbitrajes internacionales, al haberse iniciado por inversores de otros estados de la UE, eran contrarios al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la UE falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.
“Está todo en el aire. Están intentando que estas sentencias no sean reconocidas en el ámbito europeo”, explica el director general deAPPA. Por su parte, el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo alegan que sí son competentes para dictaminar sentencias en estos casos. Sea como sea, el conflicto en los tribunales está servido.