La Vanguardia - Dinero

Demografía y políticos

- Francesc Raventós Exdecano del Col·legi d’Economiste­s de Catalunya

Si se siguen manteniend­o las tendencias actuales con respecto a la fecundidad, mortalidad y migracione­s, de la población española, en los próximos 15 años, se estima que se llegará a 49 millones de habitantes, 2,4 millones más que ahora. Como el número de nacimiento­s será inferior al número de defuncione­s, este aumento de población sólo será posible gracias a una inmigració­n neta de 3,4 millones de personas.

Una buena noticia es que en este periodo la esperanza de vida aumentará dos años, situándose en 82,9 años para los hombres y en 87,7 para las mujeres. La que ya no es tan buena noticia es que seguiremos teniendo una tasa de fecundidad muy baja, hoy es de 1,31 hijos por mujer, y que aunque se prevé que aumentará ligerament­e, quedará muy por debajo de los 2,1 de hijos necesarios para evitar que la población disminuya. Es evidente, que hará falta incentivar la natalidad y, entre otros, crear más guarderías, facilitar la conciliaci­ón familiar y dar más ayudas a las familias.

También se calcula que en el año 2033, en España habrá 12,3 millones de personas mayores de 64 años; 3,4 millones más que ahora. Actualment­e, el porcentaje de personas mayores es del 19,2% de la población, y pasaría a ser del 25,2%. Si no aumenta la natalidad, la población envejece, se reduce la fuerza laboral, baja la producción y la economía y por lo tanto el Producto Interior Bruto (PIB) disminuye. Una población envejecida genera una mayor demanda de servicios sanitarios y asistencia­les, y no hay que decir, que aumenta el ya elevado coste de las pensiones.

Con estos datos, ya se ve claro que la inmigració­n es una necesidad vital por el país, pero además, a la vista de cómo está el mundo, está la obligación moral de acoger dentro de unos límites asumibles. Una vez están aquí, se les tiene que integrar en la sociedad y tratarlos como a los otros habitantes.

El objetivo de la política tiene que ser la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que exige disponer de un Estado de bienestar digno. Una sociedad que tendrá que incentivar la natalidad, atender una población que envejece, y que necesita inmigrante­s a los que tendrá que acoger, tendrá que disponer de más recursos. El gasto social previsto en el presupuest­o del 2019 era del 57% del PIB. El problema es que, a pesar de la importanci­a de esta cifra, los servicios públicos requieren recursos a un ritmo superior al del crecimient­o del PIB.

En una sociedad moderna las demandas sociales aumentan día a día. ¿Se tendrá que hacer para atenderlas? ¿Se podrán financiar? ¿Cómo disponer de más recursos? Estas son algunas de las preguntas a las que los políticos tendrán que responder. Demorar la toma de decisiones sólo agravará la situación.

Inmigració­n Es una necesidad vital para el país y tenemos la obligación moral de acogerlos dentro de unos límites asumibles e integrarlo­s

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