Beneficios españoles
Abertis y Ferrovial forman parte de las empresas concesionarias de autopistas y Telefónica y Naturgy se han beneficiado del sistema de ahorro forzado
Después de la reforma del sistema de pensiones, la segunda reivindicación que se escucha con más frecuencia en casi todas las conversaciones de Santiago es el llamado TAG. Es el peaje que se paga mediante un chip instalado en el coche por circular en las autopistas que cruzan la capital chilena y ha subido el 40% en diez años. Las cuatro empresas concesionarias –con la participación de las españolas Abertis y Ferrovial– han registrado beneficios espectaculares en los últimos cinco años de 1.200 millones de dólares gracias a ingresos que se han duplicado hasta casi 130.000 millones de dólares. Puesto que casi todas las carreteras son privadas y requieren el peaje, el 90% de los vehículos tienen el TAG instalado. En caso de impago, el conductor pierde el carnet de conducir.
Lo que más ha levantado ampollas en la población es que se aplica una tarifa flexible que sube cuando hay más tráfico. Puede considerarse, tal vez, un buen ejemplo de la tragicomedia del experimento liberal en Chile. En teoría, este precio flexible debería permitir que la mano invisible de Adam Smith distribuya el tráfico según el mecanismo del precio. Pero hay un problema. “No hay rutas alternativas; menos unas carreteras muy malas son todas de TAG, así que pagas sí o sí”, dice Iván Valenzuela, un ingeniero minero residente en Santiago. “Ha sido un negocio fantástico, el sueño del pibe, para empresas como Ferrovial o Abertis; y hay mucha indignación”, dice Valenzuela.
Tal vez el TAG fue uno de los motivos por los que una pequeña subida del precio del billete de metro –el único medio alternativo al coche– desencadenara las protestas masivas a partir del 18 de octubre. Las concesionarias de las autopistas, Costaneros Norte, Autopista Sur, Vespucio Norte y Sur se incluyen en el grupo de empresas en las que las administradoras de fondos de pensión invierten sus ahorros.
Tal y como está el ambiente en las calles de Chile, el “sueño del pibe” de los concesionarios multinacionales, al igual que para las administradoras de los fondos de pensión, puede estar a punto de interrumpirse. Chile se ha basado en un modelo “en el cual el Estado sólo proporciona una cobertura mínima de bienes públicos mientras que los servicios de calidad son responsabilidad del sector privado y una elección individual; esto vale para sanidad, educación y pensiones”, explica un informe el Centro Internacional de Gestión de Pensiones. Y esto ya se ha rechazado de forma multitudinaria y a veces violenta en las calles. “El pacto social del fin de la dictadura estaba basado en el crecimiento del PIB, el gasto social y la democracia, pues ese se agotó”, dice Álvaro Díez, economista del Partido Socialista que coordinó una propuesta alternativa presentada en el congreso el mes pasado.
Este nuevo pacto social puede que no sea tan generoso con las empresas multinacionales. “En el periodo después de la dictadura se crearon condiciones muy favorables a las multinacionales, que no pagan royalties en el sector minero y cuentan con garantías absolutas en otros sectores, como las concesiones de autopistas; esto ya está siendo cuestionado”, añade. Otras empresas españolas que se han beneficiado del sistema de ahorro forzado al ver capital canalizado desde los fondos de pensiones hacia sus acciones son Telefónica, que adquirió la empresa de telecomunicaciones estatal chilena en 1996, y Naturgy.
El gobierno de Santiago Piñera ya ha cedido ante la principal reivindicación del movimiento de protesta: la redacción de una nueva Constitución para sustituir la actual, firmada en 1981 durante la dictadura de Pinochet. Ya se ha acordado la creación de una asamblea constituyente para diseñar el nuevo texto.
Asimismo, hay señales de que el gobierno ya reconoce la necesidad de ir ampliando el papel del Estado en el área de salud, educación, servicios sociales y transporte. En principio, se respaldan las propuestas para convertir el sistema de pensión de capitalización en un sistema mixto que garantice una pensión mínima de 1,4 veces salario mínimo. Bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ante la probabilidad de que el 50% de los chilenos se quedaran sin pensión ninguna, se incorporó el llamado pilar social, una pensión mínima garantizada por el Estado pero este aporte provisional solidario no eleva la pensión por encima del salario mínimo (unos 400 euros al mes).
Luis Mesina, uno de los líderes de la mega manifestación contra las AFPs, propone pasar directamente a un sistema de reparto, aprovechando esos 230.000 millones de dólares en los fondos de las AFPs; una propuesta que atemoriza a los mercados y que incidirá negativamente en las empresas y bancos españoles presentes en Chile.
Conforme se va eligiendo la asamblea constituyente es probable que emerja un programa más amplio de reformas que incorporan el estado en sectores privatizados como la sanidad, la educación, y servicios públicos como el agua (la constitución actual defiende como derecho constitucional la propiedad privada del agua). Asimismo, se pretende revisar los sistemas de tarifa de servicios públicos y concesiones en carreteras; asegurar un precio justo para los medicamentos –los más caros de América Latina–, racionalizar los subsidios al transporte público y garantizar la equidad territorial. “Hay que actuar y no deberíamos dar gato por liebre”, dice Díaz.