El otro ‘procés’
En economía es habitual que un mismo acontecimiento sea interpretado de forma diferente en función de intereses económicos o políticos. El inesperado anuncio de la fusión entre CaixaBank y Bankia es un buen ejemplo. Una línea de argumentación, donde muchos economistas se encuentran cómodos, es la de explicar la fusión a partir exclusivamente de lógicas económicas y de mercado. En concreto, la necesidad de economías de escala en el sector y de reforzarse ante un futuro muy competitivo e inestable que la crisis de la Covid-19 no ha hecho nada más que anticipar. A pesar de admitir que existe un riesgo de oligopolio, es decir, de restricción de la competencia, en la mayoría de los casos no se considera un factor que cuestione la operación.
¿Es admisible un análisis de este tipo y, específicamente, lo es para la sociedad catalana? Sería de una enorme ingenuidad. Empezando porque los protagonistas principales son unas figuras inusuales en un entorno capitalista: por un lado, el principal accionista de la nueva entidad –CaixaBank– pertenece a una fundación cuyo objetivo es, desde hace más de un siglo, llevar a cabo obra social. Por el otro, el que será el segundo accionista –Bankia– es una entidad controlada por el Estado con una importante aportación de recursos públicos superior a los 20.000 millones de euros. Una composición atípica para el primer banco español y para un banco sistémico a nivel europeo. Es esta combinación y la evolución previsible de la nueva entidad lo que nos dice que el análisis economicista y descontextualizado es insuficiente e interesado.
El Estado y sus élites extractivas (concepto bien definido por Acemoglu y Robinson) tienden sin límite a la acumulación de poder al servicio de sus respectivos intereses, sea el centralismo disfrazado de cohesión territorial o su capitalismo clientelar, para lo cual cuentan con poderosos resortes y organismos reguladores y de un relato político adaptado a estos objetivos. Se tendría que repasar, de entre muchos otros ejemplos, la evolución del BBVA, donde la teóricamente mayoritaria y determinante banca vasca ha acabado diluyéndose, o bien la política de infraestructuras radiales, marginando el corredor mediterráneo, destinados a convertir Madrid en una gran capital concentrando riqueza y los poderes político, económico, financiero y tecnológico, aunque esta política comporte abducir el esfuerzo del resto del Estado convirtiéndolo en una enorme periferia madrileña. La posición de La Caixa y de Catalunya en este tablero queda reflejada en esta nueva versión deleje de la prosperidad de Aznar. El poder real y los servicios centrales de la nueva entidad acabarán ubicándose en Madrid, la sede nominal en València y la fundación accionista mayoritaria en Palma. Catalunya, sin capacidad para influir en este proceso, seguirá centrando su protagonismo en la aportación neta de recursos a los presupuestos del Estado.