Los riesgos de las compras a plazos
El pago fraccionado juega con la psicología de los consumidores: lo que parece barato puede salir caro
Los consumidores han reducido un 20% su presupuesto en compras navideñas este año –con un gasto medio de 526 euros–, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un síntoma más de que las economías domésticas se tambalean en tiempos de pandemia. En este contexto, los hogares con poco poder adquisitivo pueden caer en la tentación de aplazar o fraccionar el pago de regalos destinados a sus allegados. Sin embargo, organizaciones de consumidores y expertos en educación financiera desaconsejan decantarse por esta modalidad, que cada vez ofertan más empresas tanto del canal de venta tradicional como de comercio electrónico.
“Lo que se presenta como una facilidad para adquirir productos o servicios se convierte, en realidad, en una nueva dificultad económica para llegar a fin de mes”, alerta Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción. Por este motivo, recomienda que el consumidor valore si tiene “suficiente capacidad económica” para hacer frente a un nuevo recibo mensual. No obstante, es comprensible que a alguien con pocos recursos le resulte llamativa una oferta para adquirir a plazos, por ejemplo, un televisor de 370 euros, pero debe ser consciente de que la operación entraña riesgos y que podría llegar a pagar un precio bastante más elevado por el aparato.
Elisabet Ruiz Dotras, profesora de Finanzas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que la estrategia comercial de ofertar productos que se pueden adquirir mediante pago fraccionado “juega mucho” con la psicología de los consumidores, los cuales “se suelen preguntar de manera errónea cuánto tendrán que pagar cada mes, cuando deberían fijarse en el coste que tendrá la financiación”, avisa. En concreto, hay que prestar atención a la TAE, que tiene en cuenta el interés, los plazos y los gastos asociados a la operación. Si se aplica un interés, Ruiz aconseja que se compare el precio con el de otros productos con condiciones de financiación que pueden abaratar la cantidad total a desembolsar. En conclusión, lo que a priori puede parecer más barato puede acabar resultando caro.
Si finalmente el consumidor decide pagar a plazos las compras navideñas, debería escoger una financiación sin intereses. “Lo peor que podemos hacer es tirar de tarjeta porque es la opción más cara, además de que dificulta tener un control sobre el gasto total que hacemos”, advierte la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Austin), Patricia Suárez. En el caso de que la compra se realice sin intereses, hay que tener cuidado de abonar el dinero en el plazo fijado porque, de lo contrario, “la financiera aplicará un tipo de interés que suele ser elevado”, añade.
Otra cuestión que surge en relación a los pagos aplazados es qué ocurre si el producto no nos convence una vez ya cerrada la compra. En este caso, el consumidor tiene un derecho de desistimiento de 14 días si la compra se ha efectuado online, aunque hay establecimientos que ofrecen un plazo de 15 días o un mes –en función de la política comercial– para devolverla, explican desde Facua. Otra casuística diferente es que el comercio incumpla el contrato de compraventa –porque, por ejemplo, se niegue a atendernos y a reparar el producto o éste no cumpla con los requisitos ofertados–. En este caso, se podría paralizar el pago con notificación y, si el problema no se soluciona, exigir la devolución del importe satisfecho hasta la fecha.
En todo caso, el recurso de pagar a plazos los regalos debe ser muy restringido y limitarse a casos excepcionales para evitar el sobreendeudamiento. Lo preferible es, sostiene la experta en finanzas Elisabet Ruiz, “ir ahorrando a lo largo del año” el dinero que se gastará en Navidad y no dejarse llevar por políticas de ventas que persiguen estimular el consumo mediante estrategias que “engañan al cerebro” para que piense que el producto “cuesta menos” de su precio real.
Aplazar el pago de las compras debe ser un recurso excepcional para evitar el sobreendeudamiento