¿Regulación eficiente ante el reto climático?
Caminamos con paso firme hacia una economía descarbonizada. Muestra de ello es el reciente compromiso de la Comisión Europea de reducir un 55% las emisiones de CO en el 2030, un paso indispensable para conseguir la neutralidad climática del continente en el año 2050 en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como tantos otros países, España acaba de aprobar su estrategia para descarbonizar su economía y lograr a mediados de siglo el objetivo de ser neutrales en carbono, es decir, que el balance de emisiones de gases de efecto invernadero sea cero. Estos ambiciosos objetivos suponen dar un impulso a las energías renovables, que vivieron un gran crecimiento en la década de los 2000, si bien su desarrollo generó un conjunto de desajustes económicos que provocaron el llamado déficit de tarifa, que el Gobierno planea solucionar.
Para ello anunció la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico de 7.000 millones de euros que se destinaría a financiar los sobrecostes generados por las medidas acordadas por el gobierno de apoyo a las renovables eléctricas (fotovoltaicas, eólicas). Unos sobrecostes que, hasta la fecha, penalizan la factura de la luz. Podría haber optado por financiar este déficit a cargo de los presupuestos, en un momento de un gran impulso de recursos públicos; sin embargo, emplaza a otros sectores energéticos a contribuir al pago de estos sobrecostes. Unos sectores que también deben acometer importantes inversiones para la transformación hacia una economía descarbonizada.
Para el consumidor doméstico supone que se reducirá su factura eléctrica, pero verá cómo se incrementa el coste del gas natural. En otras palabras, la propuesta no abarata la factura energética de las familias, ya que reduce un coste para incrementar otros, provocando asimismo un efecto discriminatorio por rentas y zonas geográficas. En un momento de crisis, esta medida implicaría que solo las rentas más altas podrían invertir en un cambio de fuente de energía, perjudicando claramente a aquellos consumidores con menores recursos y con un mayor coste energético, especialmente en las zonas más frías. Para el sector industrial, una propuesta de este calado amenaza la competitividad, en particular en aquellos procesos productivos que tecnológica o competitivamente no son electrificables en la actualidad.
En un contexto como el actual, donde al reto climático hemos de sumar las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia, sanitarias y socioeconómicas, cabe plantearse si los sectores más afectados como la hostelería, el transporte o el taxi se verán perjudicados de nuevo por este tipo de medidas.
Sin duda, toda iniciativa que nos permita avanzar en la consecución de los objetivos climáticos debe ser bienvenida, si bien deben ser analizados en profundidad los efectos que se derivan en un momento como el actual. Efectos de gran trascendencia que exigen un debate amplio con todos los sectores implicados.
El sector gasista está firmemente comprometido con la descarbonización y quiere tener un papel decisivo en la transición energética apoyando al sector eléctrico, pero necesitamos medidas encaminadas hacia un marco regulatorio estable y predecible que fomente los gases renovables y su integración en las infraestructuras gasistas y que no se limite a trasladar a otros sectores los sobrecostes del pasado.