La biocultura revitaliza el primer sector
España se ha posicionado como primer productor ecológico de Europa; el reto radica ahora en el mercado interno
Pocos sectores de la economía española pueden presumir de haber crecido por encima del 10% anual y de forma sostenida en los últimos años. Un reto que, sustentándose además en la actividad agrícola y ganadera, puede parecer un milagro. Pero si algo define a la producción ecológica es que crece al ritmo de unos consumidores cada vez más concienciados sobre la alimentación y el uso de productos naturales y sostenibles y al calor de una legislación que también tiene cada vez más en cuenta los criterios de sostenibilidad. La pandemia ha acentuado esta tendencia y ha hecho que estos productos sean ya habituales en los canales de gran distribución y que incluso los grandes distribuidores tengan sus propias líneas bío o eco. Básicamente en alimentación, pero también en higiene, cosmética, ropa o calzado.
Como gran abastecedor europeo de productos frescos, España ha conseguido situarse como el país de la UE con más hectáreas de cultivos con certificación ecológica. Más de 2,2 millones de hectáreas, que representan un 8,5% de la superficie agrícola total. Más allá de Europa, España es el cuarto productor mundial de estos productos y se sitúa como primer exportador de aceite de oliva y vino ecológicos y segundo en cítricos y legumbres, con un volumen de negocio exterior cifrado en 900 millones de euros anuales. Sumada la ganadería y la apicultura, las otras actividades que también cuentan con certificación ecológica europea, el sector eco suma casi 50.000 operadores en España, con un crecimiento que también se sitúa por encima del 10% anual, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El margen sigue siendo enorme y se verá impulsado tanto por los efectos de la pandemia, cuyo impacto ya se ha podido cuantificar por problemas puntuales de abastecimiento en los principales mercados europeos, como por el objetivo del pacto verde europeo de certificar el 25% de la superficie cultivada de cada Estado miembro. El reto radica ahora en reconvertir muchos de esos cultivos intensivos que han hecho de España el gran abastecedor de productos frescos de Europa en ecológicos, renunciando para ello a volumen y bajo coste y, en el caso de frutas y hortalizas, a calibre y aspecto.
El consumo interno también tiene mucho camino por recorrer. Aunque los productos eco están prácticamente en todos los supermercados y uno de cada cuatro consumidores españoles dice comprarlos semanalmente, según el Informe Aecoc Shopperview, el gasto anual per cápita se situaba en el 2018 en 46,60 euros. Una cifra que suponía un crecimiento de más de un 10% respecto al año anterior, pero que estaba muy lejos de la de países como Suiza o Dinamarca, donde supera los 300 euros.
Para Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de la feria BioCultura, que la semana que viene acoge su primera edición en formato online, este desfase debe verse reducido de forma natural. “El consumo de productos ecológicos en España ya no está tan segmentado. Quien ahora tira más de él es el consumidor millennial con hijos, como en cualquier país europeo”. Y en determinados productos, como los huevos de puesta natural, el consumidor español se acerca al europeo. Eso hizo que entre el 2018 y el 2019 el número de gallinas de este tipo de puesta se duplicase en España.
Pero que ese consumo interno de productos certificados se normalice depende también de la Administración. Diego Roig, analista de Ecological, la consultora española de referencia en el sector, remarca la importancia del apoyo público. “Uno de los grandes retos que tiene el sector eco en España es el apoyo de la Administración, porque los líderes europeos sí cuentan con esa apuesta decidida”. Y si la consistencia del consumo interno en Italia se puede explicar, entre otras cosas, por la compra pública de productos certificados, la ley de Alimentación francesa obligará en el 2022 a la restauración a utilizar un 50% de sus productos certificados.
Los productores piden una mayor implicación de la Administración, como en Francia o en Italia