Empresa y derechos humanos
El Parlament de Catalunya admitió recientemente a trámite la proposición de ley de creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans. Una buena oportunidad para situar a Catalunya en la vanguardia de un debate, el de las responsabilidades y obligaciones de las empresas y los estados, en términos de derechos humanos. Es también un reconocimiento a la perseverancia del conjunto de entidades que promueven su creación. La propuesta presentada esboza ideas valientes y acertadas que van en la dirección de los últimos adelantos, como la creación de un instrumento no judicial de compilación y seguimiento de quejas relacionadas con la vulneración de los derechos humanos, la publicación de informes sobre las empresas que los vulneren y sanciones a las que no colaboren con el centro en su resolución.
Ahora bien, al contrastar la propuesta con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, el referente internacional, se entrevén tres aspectos que tener en cuenta. Primero, el marco de acción se limita al estudio, evaluación y control de las empresas en su actividad exterior, sobre todo de las grandes multinacionales. Esta restricción no concilia bien con la premisa de los principios rectores de aplicarla a todo tipo de empresas. El tejido catalán está dominado por pymes, el sector servicios y una actividad industrial orientada a la exportación. Hay que dar respuesta a esta realidad. Centrarse en la acción exterior puede generar el espejismo de que todo funciona perfectamente en casa. Los temporeros o los riders son algunos ejemplos sobre los que este organismo, desde una perspectiva de derechos humanos, puede aportar luz.
Segundo, las funciones recogidas en la propuesta apuntan únicamente a la denuncia y el señalamiento de malas prácticas empresariales. Los principios rectores reconocen su importancia, pero también enfatizan el deber de los estados de acompañar y formar a las empresas para asegurar el respeto a los derechos humanos en sus operaciones. En este sentido, el centro podría avanzar en la promoción e implementación de una herramienta clave y de futuro sobre la cual la Comisión Europea ya se ha comprometido: la debida diligencia.
Por último, dado el fuerte énfasis en la denuncia y el señalamiento, sorprende la ausencia de vías de participación o comunicación con el sector empresarial. Los órganos de gobierno previstos en la propuesta prevén todo tipo de actores, excepto los empresariales. No parece la mejor opción dada la voluntad del centro de dotarse de un mecanismo de gestión de quejas, cuyo éxito depende de la capacidad de diálogo.
En resumen, se hace necesario que el debate parlamentario responda a los retos y las necesidades específicos del país en materia de empresa y derechos humanos, cumpla con los estándares internacionales más avanzados y encuentre los canales adecuados para contar con el sector empresarial.