Los peajes tienen contraindicaciones
España es uno de los países europeos con mas kilómetros de carretera por millón de habitantes. El reverso de esta “lujosa” red de carreteras, es la “onerosa” factura de sus costes de mantenimiento. El gobierno, recogiendo una idea de la anterior administración propone financiar estos costes con peajes en las vías de alta capacidad (autovías, autopistas y carreteras de dos o más carriles). Los peajes son una vieja reivindicación de las constructoras y concesionarias de autopistas. Por un lado, no hay nada mejor que un aumento de precio de la alternativa para mejorar la rentabilidad de las autopistas en concesión. Por otro, los peajes serían unos ingresos estables, aislados del ciclo económico y de las estrecheces presupuestarias.
Existen poderosos argumentos económicos a favor de los peajes. Es conveniente que los usuarios y no sólo los contribuyentes paguen por el coste de mantenimiento de las carreteras. Por equidad, pero también por eficiencia, los usuarios deben enfrentar los costes reales de sus decisiones. Esto además pondría el transporte en carretera en igualdad de condiciones medios de transporte (incluido el avión y el ferrocarril).
Sin embargo, los peajes tienen importantes limitaciones. Primero, requieren un nuevo sistema de control de tráfico. Además, si no se aplican a todas las carreteras, generarán un trasvase del tráfico de autovías a carreteras secundarias, reduciendo la eficiencia y aumentando la siniestralidad. Por último, blindar estos ingresos haría recaer futuros ajustes presupuestarios en servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Existe un instrumento alternativo con las ventajas de los peajes pero sin sus inconvenientes: el viejo impuesto sobre los carburantes. Primero, ya existe y se podría implementar sin coste alguno. Segundo, aplica a todas las carreteras y su importe es mayor para vehículos más grandes que son, a su vez, los que generan un mayor desgaste de las infraestructuras. Tercero, ya que su importe depende del uso de combustible, proporciona incentivos al ahorro energético mediante la moderación de la velocidad y la compra de vehículos más ecológicos.
Este último aspecto será cada vez más relevante. Esquemas como los sucesivos planes Moves están destinando grandes cantidades de fondos públicos a la adquisición de vehículos eléctricos. La evidencia indica que este subsidio público beneficia principalmente a fabricantes y concesionarios a través de aumentos de precios equiparables al montante del subsidio. Aumentar los impuestos a los carburantes es una manera más eficaz y más barata de promover la compra de vehículos eléctricos, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO .
Existe margen para incrementar el impuesto a los carburantes, que es actualmente de unos 50 céntimos por litro, por debajo de la media europea de 55 y mucho menor que en los países de nuestro alrededor: 64 en Portugal, 60 en Francia o 73 en Italia. Un incremento de 15 céntimos por litro tendría un efecto parecido al peaje de 1 céntimo por kilómetro que se ha sugerido.