La morosidad de los ayuntamientos
Se estima que el porcentaje de tejidos que son reciclados en el
mundo no llega ni al
En 1887, el alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, se encontró con que el gran proyecto de la Exposición Universal se había paralizado por falta de financiación. El alcalde decidió asumirlo con cargo al presupuesto de la ciudad. Ante las reticencias de varios concejales y funcionarios municipales provocadas por el colosal gasto que suponía para las arcas municipales y el endeudamiento para el Ayuntamiento, Rius i Taulet pronunció una frase lapidaria: “Hágase lo que se deba y débase lo que se haga”.
Consecuentemente, el plan siguió adelante. La Exposición Universal fue un éxito y colocó a la ciudad en la primera división de las urbes mundiales. Ahora bien, la tesorería municipal quedó muy endeudada. La máxima de Rius i Taulet sentó las bases del comportamiento futuro de los ayuntamientos y creó escuela entre los políticos que hoy en día continúan aplicando su doctrina. Prueba de ello es que Hacienda ha identificado una lista de 1.640 municipios y 670 entidades dependientes que tienen un plazo medio de pago a proveedores muy superior al límite legal de 30 días que establece la ley; algunos tienen periodos de pago que superan los mil días.
Por otro lado, la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas puso de manifiesto que la administración local paga en promedio a 63 días, mientras que la central lo hace a 29 y las comunidades autónomas a 27. Para paliar esta situación, hace unas semanas el Gobierno puso en marcha un mecanismo extraordinario que permitirá pagar de forma más ágil a los proveedores de las entidades locales y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas. Este instrumento de financiación viene regulado en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 y se ha materializado a través de una resolución emitida el pasado 7 de enero por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda. Para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, la norma obliga a las corporaciones locales a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio del 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago.
No es obligatorio que los proveedores y contratistas de las corporaciones locales se acojan a este plan de pagos; si lo hacen se les garantiza que podrán cobrar sus facturas más antiguas a finales de mayo. Ahora bien, este mecanismo tiene un serio inconveniente para los acreedores: si aceptan deben renunciar al cobro de los intereses de demora devengados, que son del 8%, y a la indemnización por los gastos provocados por la morosidad. En cambio, si los acreedores prefieren no renunciar a estos intereses pueden optar por no acogerse al plan de pagos y esperar pacientemente a que el ayuntamiento algún día les pague.
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