Una ficha bancaria para el ICF
No se entiende muy bien lo que ha pasado con la decisión del Banco de España de no conceder licencia bancaria al Institut Català de Finances (ICF). La Vanguardia comentaba el pasado domingo una información que se tenía en el seno del ICF, pero que no se había podido contrastar con el correspondiente expediente. Mi periodo en el consejo de gobierno del Banco de España concluyó ya hace años y no tengo posibilidad de pedir información interna. Pero no parece lógico que sea quien pide la ficha bancaria (el ICF) quien tenga que dar la noticia de que su operativa no entraría en contradicción con el supuesto apoyo del Estado. Más bien parece que quien lo tendría que consultar con la Comisión Europea, en caso de sospecha, sería el regulador. Y, si corresponde, poner limitaciones y condicionantes en la operativa del nuevo banco. No habiéndolo consultado el Banco de España de oficio no parece justificada la negativa. A mí siempre se me había dicho por parte del subgobernador que ya en mi época en el consejo el banco sería neutral si se seguía el procedimiento reglado. Parece que este nuevo obstáculo no estaba en las reglas y que, por lo que he sabido, el ICF había hecho todas las adaptaciones internas de gestión, incluso la plataforma informática y fiscal, para asimilarse al ICO, con un modelo de gestión y de análisis de riesgo equiparable al de cualquier banca privada.
Y es que, como banco de promoción, no parece que la Unión Europea tuviera que poner ningún obstáculo. En Alemania hay muchas de estas entidades financieras vinculadas a los länder. Quizá la Generalitat podría haber pedido dos fichas, una como banco comercial y otra como banco de promoción. Esta última era una entrada más suave para los susceptibles contra una Catalunya que quisiera emprender el camino de la banca pública por su cuenta. Poder aportar los 18 millones de euros requeridos en efectivo no parece que tuviera que ser ningún obstáculo insalvable para una entidad que aparentemente nacía con un capital de 600 millones.
Creo que todo ello requiere una aclaración, al menos para los que hoy vemos la actuación del regulador desde la distancia, pero alarmados cuando menos de ver cómo entre unos y otros han hecho del mundo financiero catalán y de Baleares, en buena parte, tierra quemada, salvándose solo dos entidades significativas, ambas con sede extraterritorializada y con una de ellas huyendo todavía de incendios en gran parte provocados desde fuera. Hay que estar atentos a estos acontecimientos que acaban provocando cambios estructurales de primer orden en nuestra economía y para la capacidad de autogobierno de nuestras instituciones.
La regulación siempre es menos sexy y más silente que las comparecencias, y, en la medida en que coge a algunos responsables mirando para otro lado, puede acabar haciendo mucho daño al futuro del país.